SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0360/2014

La jurisprudencia constitucional mediante la SCP 0249/2012, ha establecido que: “En resumen, el acto administrativo es una manifestación o declaración de voluntad, emitida por una autoridad administrativa en forma ejecutoria, es de naturaleza reglada o discrecional y tiene la finalidad de producir un efecto de derecho, ya sea crear, reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva frente a los administrados. Goza de obligatoriedad, exigibilidad, presunción de legitimidad y ejecutabilidad; es impugnable en sede administrativa y sujeta a control jurisdiccional posterior cuando se trata de actos administrativos definitivos, lo que no implica que aquellos actos administrativos no definitivos no puedan ser cuestionados; sin embargo, en este último caso, se lo hará en ejercicio del derecho de petición consagrado en el art. 24 de la CPE, y solamente de manera preventiva”.

Corroborando el anterior razonamiento, con referencia al procedimiento de los recursos administrativos, el art. 56 de la LPA, ha establecido que los recursos administrativos proceden contra toda clase de Resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieren causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. Señala también que para efectos de esta Ley, se entenderán por resoluciones definitivas o actos administrativos, que tengan carácter equivalente a aquellos actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa.

Al respecto, la mencionada SCP 0249/2012, también ha señalado lo siguiente: 'De lo relacionado se concluye que los actos administrativos susceptibles de impugnación, ya sea mediante los recursos administrativos o por vía jurisdiccional ulterior, son los definitivos y los equivalentes o asimilables, estos últimos porque pese a que no resuelven el fondo de la cuestión, sin embargo, impiden totalmente la tramitación del problema de fondo, y por tanto, reciben el mismo tratamiento que un acto denominado definitivo, porque con mayor razón son impugnables'.

Por su parte, el art. 116 del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003, referente al Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, confirma lo anteriormente mencionado, cuando establece: '(Medios de impugnación) Los hechos y actos administrativos definitivos o equivalentes se podrán impugnar en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico, y en sede judicial, mediante las acciones que correspondan conforme a ley'”.

Respeto a este tema, el Código Tributario Boliviano en su art. 143, indica que el recurso de alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos, y entre ellos señala en primer lugar a las resoluciones determinativas. Asimismo, en su parte final indica que el mencionado recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado”.