DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0218/2015

De lo expuesto en dicha Declaración, se infiere en primer lugar, que el caso observado, responde a una causal de “prohibición”, más que a una causal de incompatibilidad, cuyos presupuestos de hecho, se limitan al desempeño simultáneo de un cargo público remunerado; y que el mismo también sea a tiempo completo; luego, el constituyente no incluye como presupuesto, las circunstancias en que la función simultánea pueda no ser remunerada; como tampoco fija a la renuncia tácita, como la consecuencia jurídica de incurrir en dicha prohibición.

Sobre el particular la jurisprudencia constitucional a través de la DCP 0047/2015, expresó lo siguiente: “Efectivamente el art. 236.I de la CPE, establece como una prohibición para el ejercicio de la función pública, ‘desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo’; prohibición que debe ser aplicada de manera general en todo el sector público; por defecto entonces, es posible ejercer otra función pública, siempre que una no sea a tiempo completo y la suma de ambos salarios, no exceda el salario mensual del Presidente del Estado Plurinacional; a partir de este criterio, la Constitución Política del Estado no restringe el ejercicio simultáneo de funciones públicas, menos si alguna pudiese ejercerse sin remuneración salarial, dado que el Estado protege el derecho al trabajo con una justa remuneración o salario, prohibiendo toda forma laboral que obligue a la persona a realizar trabajos sin su consentimiento y la retribución que corresponda, tal como se advierte de los preceptos constitucionales contenidos en el art. 46.I.1 y III de la CPE. 

Asimismo, conviene tener presente que la Constitución Política del Estado, a través de su art. 150.II, restringe aún más la permisión de ejercer otra función pública en las condiciones señaladas anteriormente, cuando se trata de asambleístas del órgano legislativo plurinacional, dado que parcela el ejercicio simultáneo de funciones solo a la docencia universitaria, entendiendo que todo funcionario público electo, cumple una labor fundamental en el diseño y desarrollo de las políticas públicas destinadas a satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la sociedad civil; y que por lo tanto, exige de cierto nivel de experticia y especialidad en conocimientos administrativos y de gestión pública, que bien pueden constituirse en una fuente muy enriquecedora de formación académica.