SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0701/2015-S3

En efecto, la SC 2324/2010-R de 19 de noviembre, indicó: “Las atribuciones de poder cancelar, anular o suspender los procesos de contratación, otorgadas a las referidas instancias funcionales fundamentales, no pueden ni deben ser cuestionadas. (…) serán evaluadas únicamente por el órgano estatal competente” (las negrillas nos pertenecen).

Asimismo, la SC 0090/2006 de 17 de noviembre, a través del recurso -hoy acción- incidental de inconstitucionalidad abordó la naturaleza del contencioso administrativo, indicando que: “El replanteamiento del ámbito objetivo del proceso contencioso supera la tradicional y restringida concepción del recurso contencioso administrativo como una revisión judicial de actos administrativos previos, es decir, como un recurso contra el acto. El carácter revisor del contencioso suponía que los tribunales tenían que limitarse a enjuiciar la validez del acto impugnado y debían hacerlo, además, bajo la pauta previamente establecida en la fase administrativa como si se tratase de un recurso de casación contra una sentencia, en cuyo caso no se podían pronunciar sobre cuestiones no planteadas formalmente en la vía administrativa o respecto de las que la Administración no se hubiese pronunciado expresamente, ni se podía practicar prueba salvo para revisar la practicada en el expediente administrativo.