SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0924/2016-S1

El proyecto político indigenista persiguió el sometimiento total a la sociedad indígena originaria, por parte de los invasores que respondieron a los intereses de los colonizadores. Una vez alcanzada esta finalidad, se implementaron las denominadas “reducciones”, que consistían en la instauración de pequeñas poblaciones de indios, pero separados de los españoles, cuya estrategia permitió evangelizarlos al catolicismo. Asimismo, se impusieron las “encomiendas” comprendidas como la asignación de indios quienes tenían la obligación de pagar tributos en beneficio de sus encomenderos y cumplir con las obligaciones de la mita o trabajos en las minas, los obrajes y otras formas de servicios coloniales.

Las autoridades del régimen colonial lograron despojar a la población indígena originaria de sus tierras y territorios, y someterlos a trabajos inhumanos, principalmente, en las minas y las haciendas agrícolas, imponiéndoles toda forma de obligaciones sin respetar sus derechos. Estas prácticas conllevaron el marginamiento y exclusión social, política y económica de la sociedad indígena originaria hasta ser reducidos a la condición de esclavos.

El sistema jurídico de las naciones indígena originarias en proceso de desarrollo fue desconocida, y sometida su validez y aplicación, a la Ley de Recopilación de las Leyes de Indias de 1681. Este instrumento reconoció los “usos y costumbres de los indios”, en tanto no contradigan el orden normativo español y la religión católica. A esto hoy se puede denominar como el “pluralismo jurídico colonial subordinado” o de “sometimiento colonial”.