SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1278/2016-S3

III.2.4.   Finalmente, sobre los argumentos identificados bajo el inciso 4) del planteamiento del problema, respecto al hecho de no existir normativa alguna que autorice anular el decreto de admisión y que por consiguiente tal decisión constituiría una violación al orden público, o el haber dispuesto la nulidad de oficio sin haber existido indefensión material, inobservando el alcance de los arts. 16 y 17 de la LOJ, cabe señalar que la entidad accionante, lejos de efectuar tales aseveraciones, omitió identificar o precisar, en qué aspectos o dimensiones los ahora demandados, efectuaron una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, menos refiere cuál debió ser su correcta aplicación, sosteniendo únicamente -tal cual se tiene expuesto en el petitorio de la demanda constitucional-, que las autoridades de casación desconocieron el mandato previsto por los arts. 13, 56, 115.II, 178 y 180 de la CPE, así como el art. XXIII, Cáp I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Advirtiéndose así la ausencia de carga argumentativa que permita a esta jurisdicción efectuar un análisis sobre tales argumentos.

         En efecto, la parte accionante se limita a señalar que no existía normativa alguna que permita autorizar la nulidad del decreto de admisión, y que tal decisión constituiría una vulneración o desconocimiento del orden público; empero, omite mostrar a esta jurisdicción porqué razones tal decisión contrariaría al orden público, menos explica en que dimensión se hubo inobservado el alcance de los arts. 16 y 17 de la LOJ, omitiendo así explicar o demostrar la vinculación de tales hechos -supuestamente lesivos- con los derechos acusados de vulnerados, careciendo así la argumentación expuesta de relevancia constitucional, que impide efectuar un mayor análisis a la justicia constitucional, aspectos que devienen en la denegatoria de la tutela demandada.