Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

Los suscritos Magistrados expresan su disidencia respecto a la DCP 0045/2016 de 25 de abril, en base de los siguientes argumentos jurídicos constitucionales:

Fecha: 25-Abr-2016

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Análisis
Artículo 90. Conflicto de Competencias.
Fragmento 3
la vía conciliatoria ante el Servicio Estatal de Autonomías para la resolución de los conflictos de asignación, transferencia, delegación o ejercicio de competencias entre el nivel central del Estado y la ETA o entre estas, así como la conciliación directa entre partes, constituyen una vía voluntaria y no obligatoria a efecto de la resolución de los citados conflictos
podrán
Fragmento 6
Artículo 38. Suplencia del Alcalde o Alcaldesa.
de acuerdo al Estatuto o Carta Orgánica según corresponda
no prohibiendo tal principio dar un tratamiento distinto a situaciones razonablemente desiguales
irracionales y arbitrarias
1)
b)
La Concejala o el Concejal designado debe ser del mismo partido político, agrupación ciudadana u organización de la nación o pueblo indígena originario campesino, al cual pertenece la Alcaldesa o el Alcalde; en caso que no hubiese, podrá ser designado cualquiera de las Concejalas o los Concejales
I.
la
(POSESIÓN DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL).
i )
Artículo 103. Rendición Pública de Cuentas.
En este entendido, conforme ha señalado la jurisprudencia constitucional, la frase: “organizaciones sociales” resulta siendo restrictiva del derecho a la participación y control social; toda vez que, no incluye a todos los actores sociales que conforman la sociedad civil organizada,
ha previsto que tan solo las organizaciones sociales podrán realizar la evaluación de la gestión pública municipal, limitando el ejercicio del derecho a la participación y control social en relación a los actores de la sociedad civil organizada,
sociedad civil organizada
Fragmento 22
por lo que no es competencia municipal, definir el régimen del patrimonio municipal
por lo que no correspondía que una carta orgánica efectuara dicha calificación
En este entendido, constituye una ley específica de carácter nacional aquella que establezca el marco regulatorio en general respecto de la calificación, inventario, administración, disposición, registro y formas de reivindicación de los bienes públicos y de las entidades públicas, por lo que no le corresponde a la Carta Orgánica, realizar dicha calificación y menos clasificación de bienes
la enajenación de bienes de dominio público, bienes patrimoniales y bienes institucionales
Su calificación
Artículo 32°.- (Bienes de patrimonio institucional)
no son normas idóneas para establecer una calificación de bienes del Estado;
básicas