SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0075/2018-S1

Ahora bien, de esta necesaria relación de antecedentes y convergiendo el objeto procesal de esta acción tutelar en la presunta indebida imposición de la multa equivalente de tres (3) días de haber mensual de un Juez Técnico,  a los abogados -hoy accionantes- emergente de la determinación del rechazo in limine de la recusación planteada por la UAGRM; es preciso mencionar a fines de la contextualización de la problemática planteada, que el instituto de la recusación está sujeto en cuanto a su tramitación, resolución y efectos, a los parámetros normativos establecidos en los arts. 320 y 321 del CPP           -modificados por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal- (Fundamento Jurídico III.2) los cuales dentro de una interpretación sistemática y de rigurosa lógica tienden a evitar un innecesario despliegue jurisdiccional con la afectación de los principios básicos de la economía procesal vinculado a la celeridad del proceso y al juez natural, siendo un  instituto de excepción y de interpretación restrictiva que contiene supuestos de carácter extraordinario y que precisamente en función a esta connotación es que en la previsión normativa procesal penal contenida en el art. 321.III de la citada ley taxativamente establece con relación a las recusaciones, que si estas son rechazadas in  límine, se impondrá multa equivalente a tres (3) días de haber mensual de una o un Juez Técnico; y que en caso de recusaciones rechazadas consecutivamente, la multa deberá ser progresiva en tres (3) días de haber mensual de una o un Juez Técnico,  y en el parágrafo V. de la misma norma prevé que: “En caso de rechazo de una recusación que hubiere sido declarada manifiestamente infundada, temeraria o abiertamente dilatoria, se interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente, la o el Juez o Tribunal, previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio” (las negrillas nos corresponden).