DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0064/2018
Fecha: 03-Ago-2018
Respecto a los numerales 1 y 3
Respecto a los numerales 1 y 3, se tiene que el gobierno de la AIOC de Salinas no tiene competencia para regular sobre dichos recursos naturales (Salar de Thunupa, Salar de Tauka, Reservas Mineralógicas y Agua Mineral), ello debido a que según el art. 348.I de la CPE: “Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. II. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país”; de donde se desprende que los recursos naturales estratégicos están conformados por los recursos renovables y no renovables; en ese sentido, el constituyente ha previsto que conforme el art. 298.II.4 de la CPE, el nivel central del Estado posee la competencia exclusiva sobre los recursos naturales estratégicos compuesto por los minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua, ello implica que el nivel central del Estado es el titular para legislar, reglamentar y ejecutar un conjunto de acciones destinadas a garantizar el aprovechamiento responsable y planificado e impulsar su industrialización en beneficio del bien común; asimismo, el art. 369 de la Norma Suprema prevé que: “I. El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley (…) II. Los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros, son de carácter estratégico para el país…”.
- I.1. Contenido de la consulta
- I.2. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.3.
- PREÁMBULO
- ARTÍCULO 08.- VISIÓN.
- ARTÍCULO 14.- DERECHO A LA CONSULTA.
- ARTÍCULO 19.- ATRIBUCIONES DEL JACH´A TANTACHAWI.
- ARTÍCULO 23.- SISTEMA DESCENTRALIZADO.
- ARTÍCULO 40.- PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN.
- ARTÍCULO 46.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.
- ARTÍCULO 52.- LA CARACTERISTICA DE LA JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA.
- ARTÍCULO 59.- SALUD
- ARTÍCULO 61.- COMUNICACIÓN
- Fragmento 14
- ARTÍCULO 64. - GENERO – GENERACIONAL.
- ARTÍCULO 68.-
- ARTCULO 69.- ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS.
- ARTICULO 71.- MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
- ARTICULO 78.-
- ARTÍCULO 80
- PRIMERA. -
- GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
- QUINTA.-
- 1.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- a dicha organización territorial, debe agregarse el reconocimiento que realiza la Norma Suprema a las autonomías departamentales, municipales, indígena originario campesinas
- 1878
- lucha por la autodeterminación
- y bajo ese marco se reconoce el derecho a la autonomía y autogobierno de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos (NPIOC), como pueblos diferenciados, como pueblos y naciones, es decir como sujetos colectivos; toda vez que, en los primeros tiempos de la historia, a los indígenas se los denominaba salvajes o bárbaros, posteriormente poblaciones atrasadas, y recién a través del Convenio 169 de la OIT, se los denomina pueblos, entendiendo que pueblo no es lo mismo que población, ya que este último es un conglomerado de gente proveniente de diferentes regiones, orígenes y culturas; mientras que pueblo es una sociedad organizada denominada también nación;
- b) Derechos culturales
- c) Derechos de libre determinación
- d) Derecho a la gestión territorial
- el principio de preexistencia
- 1) Con referencia al acceso a la AIOC vía TIOC
- 2) Con referencia al acceso a la AIOC vía conversión
- 3)
- III.3. Competencias de las AIOC
- en las competencias privativas únicamente el nivel central del Estado es el titular de las tres facultades; es decir, el nivel central: elabora la ley, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, reglamenta la ley y ejecuta la competencia a través del Órgano Ejecutivo. Ninguna de las facultades puede ser transferida ni delegada a otro nivel de gobierno.
- supone que un nivel de gobierno, ya sea el nivel central del Estado o las entidades territoriales autónomas, tienen la titularidad de todas las facultades: legislativa, ejecutiva y reglamentaria, es decir, elabora la ley (órgano deliberativo), reglamenta la ley (órgano ejecutivo) y ejecuta la competencia (órgano ejecutivo)
- c) Competencias concurrentes.
- d) Competencias compartidas.
- el Constituyente boliviano, ha preferido, a diferencia de otros modelos, establecer un catálogo competencial para el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, las mismas que se encuentran determinadas en nueve listas distribuidas a partir del art. 298 al 304
- Asimismo, del análisis de la distribución de competencias efectuada por el Constituyente, se advierte que ésta es de carácter cerrado, esto implica, que ningún nivel de gobierno puede ampliar sus competencias a través de la asunción competencial en sus estatutos y cartas orgánicas sobre aquellas competencias que no hayan sido asumidas por otros niveles de gobierno, sino únicamente deben circunscribirse al ejercicio de las competencias expresamente establecidas en el listado competencial para su correspondiente nivel de gobierno, lo que ciertamente supone una obligatoriedad en la asunción de las competencias, sin que ello implique, tratándose de las competencias exclusivas, que éstas deban ser ejercidas de manera obligatoria de una sola vez, pues el ejercicio competencial debe ser entendido bajo el principio de gradualidad establecido en el art. 269 de la CPE,
- sobre los ámbitos del ejercicio competencial
- i) El ámbito jurisdiccional.
- ii) El ámbito material.
- iii) El ámbito facultativo.
- Facultad legislativa.
- Facultad reglamentaria.
- Facultad ejecutiva.
- Facultad fiscalizadora.
- Facultad deliberativa.
- la distribución de competencias realizada por la Constitución se efectúa en relación a materias como salud, educación, transporte, etc., pero también con relación a las facultades (legislativa, reglamentaria, ejecutiva) que los niveles de gobierno deben ejercer en función de cada tipo de competencia (privativa, exclusiva, compartida y concurrente) y dentro de su jurisdicción, ello supone que la distribución competencial, sustentada en los principios rectores del régimen autonómico señalados supra, lleva consigo un alto grado de corresponsabilidad,
- III.4. Del control previo de constitucionalidad
- control previo de constitucionalidad
- Fragmento 56
- Forma parte del Estatuto de la AIOC de Salinas el Preámbulo
- i)
- ii)
- Del juicio de constitucionalidad al Capítulo V referido a la Estructura Organizativa del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Salinas arts. 16 al 22 del proyecto de Estatuto Autonómico
- Aprueba el ingreso de instituciones públicas, privadas, fundaciones, ONGs y otros,
- Con respecto al numeral 10
- a)
- b)
- Con respecto al numeral 11
- previa obligatoria, realizada por el Estado de buena fe y concertada
- debe ser
- iniciativa y convocatoria de consultas y referendos
- Del juicio de constitucionalidad al Capítulo VIII referido al Sistema de Administración de Justicia en la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, arts. 50 al 53 del proyecto de Estatuto Autonómico
- incompatibilidad
- párrafo introductorio refiere que constituyen patrimonio del territorio todos los recursos naturales renovables y no renovables existentes en su jurisdicción
- Respecto a los numerales 1 y 3
- Fragmento 73
- Del control previo de constitucionalidad al Capítulo XIV referido al Régimen de Desarrollo Productivo Servicios Básicos de las UTDs., arts. 68 y 79 del proyecto de Estatuto Autonómico
- aprovechamiento de manera sustentable, los recursos naturales
- aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables y no renovables
- 4°
- Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.