SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0057/2019-S1

Al respecto, cabe señalar que de conformidad al entendimiento jurisprudencial mencionado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la congruencia abarca -entre otros componentes- la unidad de criterio dentro de una misma resolución, dado que esta debe guardar correspondencia con todo lo expuesto a lo largo de su contenido; es decir, entre la parte considerativa y la dispositiva, cuyos considerandos y razonamientos deben guardar la armonía debida, a fin de cumplir con la exigencia de la debida congruencia interna.

En ese entendido, resulta necesario reiterar los argumentos que sobre este punto fueron abordados por los Vocales -ahora demandados- quienes a tiempo resolver el recurso de apelación formulado entre sus argumentos refirieron que, si bien es evidente que el Juez a quo en el primer agravio ingresó en una contradicción respecto a que hubiera admitido la documental de fojas 173; sin embargo, después se pronuncia a “fs. 366 vta.”, indicando que no se admite la documental de fs. 173 por ser un documento privado que no se encuentra con el debido reconocimiento de firmas y rubricas, así como tampoco se admite la documental de fs. 130 a 172, al tratarse de fotocopias simples cumpliendo lo dispuesto en el art. 335.11 inc. b) del Código de las Familias y del Proceso Familiar; empero, en la Sentencia se señala que a fs. 382 y vta., se habría admitido el contrato de anticrético suscrito por Eduardo  Azurduy Vásquez con Jaime Daniel Remaldes por $us6 000.- de 1 de enero del 2015, aspecto contradictorio en el que si tiene razón la apelante; no obstante, el juzgador también valoró la testifical de fs. 374, que además guarda relación con la inspección judicial realizada al inmueble de la calle Urkupiña 35, ante lo referido por el demandado sobre la existencia de tres anticréticos de Paulet Stivales Osinaga Cortez, Griselda Rivera Serrano y Jaime Daniel Remaldes y la demandante  refirió que si existen tres anticréticos, por lo que en mérito a la valoración integral de la prueba, sin tomar en cuenta la documental de fs. 173, al no haber sido admitida la misma, consideraron que el Juez a quo realizó una correcta decisión, al determinar esas cargas como de la comunidad ganancial.

Ahora bien, del examen a los fundamentos esgrimidos por las autoridades demandadas, no se evidencia que este carezca de la necesaria armonía entre la parte considerativa -cuestionada- y la resolución asumida, por cuanto el mismo da cuenta evidentemente de cierta contradicción en el fallo recurrido en apelación; empero, sopesándola y esencialmente apartando del contenido argumentativo al elemento probatorio dubitable, sustentó su determinación en otras pruebas, no siendo la extrañada en su consideración por el Juez a quo, la que hubiese determinado y respaldado el análisis efectuado.