SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0057/2019-S1

         Sobre el particular, tal cual se tiene desarrollado en el pre citado Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, ambas constituyen elementos del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución, necesariamente debe exponer los argumentos jurídicos y las normas legales aplicables al caso concreto que sustentan su fallo; y también a tiempo de resolver una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, que no siempre deben ser ampulosas, sino que exige una resolución que tenga estructura de forma y de fondo.

En ese sentido, de la descripción realizada al Auto de Vista cuestionado, se advierte que, si bien anteriormente se estableció que los argumentos referidos por los Vocales demandados, no adolecen de incongruencia interna en su pronunciamiento; sin embargo, a tiempo de determinar que efectivamente lo valorado y asumido por el Juez a quo fue evidente, de lo referido de su parte, no se advierte que hubiesen emitido una suficiente motivación y fundamentación al respecto, pues a fin de establecer que en efecto las cargas de la comunidad referidas por el demandado del proceso de divorcio eran existentes, dichas autoridades solo se limitaron a referir que el Juez a quo también valoró la testifical de fs. 374, coincidente con la inspección judicial, lo referido por el demandado y también lo sostenido por la demandante, y que de su valoración integral se constató que el Juez inferior obró correctamente; sin embargo, de lo aludido no se evidencia que las mismas hubiesen expresado los suficientes razonamientos jurídicos como intelectivos vinculados a la asumida correcta valoración, incurriendo en tal sentido, en falta de fundamentación y motivación.

Asimismo, se advierte que las autoridades demandadas respecto a la determinación de bien ganancial solo de uno de los vehículos referidos, en el entendido de que la ahora accionante no habría probado que los dos vehículos hubiesen sido adquiridos al mismo tiempo, dicho razonamiento resulta bastante confuso pues a su vez refirieron que el demandado tampoco probó que con el dinero de la venta de un vehículo se habría comprado el otro, por lo que en ese sentido, corresponde que dicho aspecto sea clarificado a fin de otorgar la suficiente motivación a su entendimiento, señalando con precisión el alcance de la valoración otorgada a los medios de prueba que les permitieron arribar a dicha conclusión, pues si bien se hace referencia a una prueba testifical corresponde que las autoridades motiven y fundamenten suficientemente el porqué de su importancia y prevalencia en el presente caso.

Finalmente las autoridades demandadas en lo que concierne a los montos de alquiler que supuestamente el demandado del proceso de divorcio habría cobrado durante diez años uno; y, tres años otro, correspondiéndole a la hoy accionante el 50% de ambos, únicamente manifestaron que el Juez a quo llegó a la convicción para resolver sobre dicho aspecto a partir de una valoración integral, concluyendo que no existió vulneración, respuesta totalmente insuficiente, por cuanto las referidas autoridades solo se limitaron a emitir su conclusión sin explicar en qué consistió la aludida valoración integral, qué elementos probatorios consideraron al efecto y cómo a partir de ellos puede entenderse que el Juez a quo actuó correctamente, evidenciándose una vez más la falta de motivación relacionada con la valoración probatoria.

En ese sentido habiéndose constatado la vulneración al debido proceso en los componentes de fundamentación y motivación vinculada a la valoración de la prueba, corresponde conceder la tutela, disponiendo que las autoridades demandadas emitan nueva resolución que considere los aspectos ahora observados.