SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0520/2019-S4
Fecha: 12-Jul-2019
denegar
Asimismo, de lo descrito precedentemente, se concluye que las autoridades demandadas, no incurrieron en lesión del debido proceso en su elemento debida fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales, conforme a la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, al haberse pronunciado de manera motivada, fundada y congruente, respecto a los aspectos señalados supra, explicando las razones de la decisión de manera suficiente; por lo que, respecto al referido reclamo corresponde denegar la tutela solicitada.
En el presente caso se tiene que dichos presupuestos fueron omitidos por la parte accionante; toda vez que, se limitó a disentir de la valoración realizada, señalando que el fallo se hubiera limitado a transcribir y enumerar los actos recolectados en la etapa de saneamiento, sin realizar un análisis objetivo y razonado de la prueba existente, citando la Certificación de Asignación de Uso de Suelo (CAUS), así como, del Informe Técnico TA-G 002/2018 de 5 de enero, sin realizar una necesaria y precisa identificación los derechos vulnerados a partir de una injustificada o ilegal negación de recepción de medios probatorios, y sin establecer como la actividad probatoria se hubiera apartado de los marcos de equidad y razonabilidad; y, menos señalar la relevancia constitucional de su reclamo. Por lo que respecto al reclamo que se analiza en el presente acápite corresponde denegar la tutela solicitada.
Finalmente, respecto a la vulneración de los derechos a la propiedad privada y defensa, que alegan los impetrantes de tutela, no se advierte que estos hubieran expuesto carga argumentativa suficiente a objeto de establecer como se hubieran lesionado los referidos derechos; por lo que, respecto a los mismos, corresponde también denegar la tutela impetrada.
- acción amparo constitucional
- Fragmento 2
- a)
- 1)
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. El debido proceso y la fundamentación de las resoluciones.
- el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma
- Este deber de fundamentación, se vincula tanto con la garantía del debido proceso como con el derecho a la seguridad jurídica.
- ha determinado que cuando las resoluciones no están motivadas '…y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso
- se llega a concluir que las Resoluciones, sean estás en el ámbito judicial como en el administrativo, deben ser debidamente fundamentadas, apreciando y valorando cada una de las pruebas aportadas
- uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes
- cada una de las alegaciones presentadas y además de ello, debe existir una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas por el juzgador y la decisión que asume
- III.3.
- 3)
- III.4.
- en ese contexto, debe determinarse que el análisis de una valoración probatoria por parte del órgano contralor de constitucionalidad sin cumplir las subreglas desarrolladas supra, generaría una disfunción tal que convertiría a este Tribunal en una instancia casacional o de revisión ordinaria, situación que no podría ser tolerada en un Estado Constitucional
- III.5. Análisis del caso concreto
- III.5.1. Respecto a la vulneración del debido proceso en su elemento debida fundamentación, motivación y congruencia de las Resoluciones Judiciales.
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
- 2)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- denegar
- III.5.2. Respecto a la vulneración del debido proceso en su elemento de arbitraria interpretación de la norma
- III.5.3. Respecto a la vulneración del debido proceso en su elemento de valoración probatoria.
- REVOCAR