SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0884/2019-S1

II.2. Remberto Rubén Reynaga Farfán –ahora impetrante de tutela– interpuso recurso de apelación mediante escrito de 1 de febrero de 2018, contra la Sentencia 09/2018, denunciando los siguientes puntos de agravio: a) El proceso de ruptura unilateral debió ser tramitado en un proceso ordinario; por cuanto, el mismo no se encuentra catalogado dentro de los procesos extraordinarios al ser la pretensión innominada, por lo que, debió ser tramitada en la vía ordinaria con todas las formalidades de ley y no como erradamente hizo la Jueza a quo al sujetar la causa a un proceso extraordinario de comprobación de matrimonio o de unión libre, cuando esta última no este registrada, ya que, no se puede atender un proceso de ese tipo y a la vez con alternativa de ruptura, figura que resulta inconcebible desde todo punto de vista vulnerando además los principios de legalidad y taxatividad; en el entendido que, nadie puede demandar lo que se le ocurra, pues para ello existen las leyes a las que debemos someternos; b) No se ha demostrado la libertad de estado de María Bernabet Huanca Burgoa, por ende tampoco la singularidad de la unión libre o de hecho; debido a que, estuvo casada hasta el 2013, empero, la autoridad judicial consideró de manera errada que el matrimonio de la antes referida con Víctor León Ontiveros Garnica fue inexistente; sin embargo, al estar casada no tenía libertad de estado evidenciándose la mala fe con la que actuó. Ahora bien, la anulación del matrimonio Huanca-Ontiveros fue el 2013; es decir, con el Código de Familia abrogado, que en su art. 92 establecía los efectos del matrimonio anulado y disponía que este produce sus efectos como si hubiera sido válido hasta que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada si se lo contrajo de buena fe por ambos cónyuges, y, no como erradamente afirma la Jueza de primera instancia para quien el matrimonio anulado tiene efectos retroactivos; consiguientemente, no existía libertad de estado y la relación entre ambos (demandante y demandado) no fue singular, debido a que la mencionada estuvo casada hasta el 2013; y c) La prueba no valorada; consistente en una orden instruida donde se evidencia la existencia de una demanda de nulidad absoluta del matrimonio de los esposos Víctor León Ontiveros Garnica y María Bernabet Huanca Burgoa, celebrada ante la Oficialía de Registro Civil 2665 de Tupiza de 8 de noviembre de 1997, asentada en la partida 42, folio 42 del libro 508370050 MO, documento que no fue considerado ni tomado en cuenta en la Sentencia; documento que tiene el valor legal establecido en los arts. 1292, 1526 y 1530 del Código Civil (CC); es decir, que tuvo valor legal desde el 8 de noviembre de 1997; consiguientemente, la demandante –ahora tercera interesada– estaba casada a tiempo de iniciar la relación el 2004 y que fue formalizada el 2006; por lo que, no existía la libertad de estado hasta el 2013 (año en que se declaró anulado el referido matrimonio), requisito exigido por la norma constitucional y procesal familiar vigente en ese momento así como en la actual normativa. Además de advertirse la mala fe con la que actuó María Bernabet Huanca Burgoa al ocultar por muchos años dicha relación de matrimonio, pues nunca tuvo la intención de tener relaciones formales y permanentes de concubinato o matrimonio; ya que, la anulabilidad de matrimonio la tramitó en el “Juzgado Mixto y Liquidador de Puna”, sin tener competencia en razón a territorio, debido a que el matrimonio se celebró en el municipio de Tupiza y jamás vivió en ese lugar. Prueba que como se manifestó anteriormente, no fue considerada por la Jueza de la causa; toda vez que, en la parte considerativa de la Sentencia 09/2018 sobre la misma simplemente refirió que de la lectura de la orden instruida sobre la existencia de una demanda de nulidad absoluta de matrimonio planteada por Víctor León Ontiveros Garnica contra María Bernabet Huanca Burgoa y en aplicación de los arts. 1287, 1289, 1896 del CC se tiene la existencia de un proceso de nulidad de un anterior matrimonio que supuestamente hubiera tenido la demandante –ahora tercera interesada–  (fs. 11 a 16).