SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0669/2020-S3
Fecha: 09-Oct-2020
b)
b) De la Imputación formal 72/2018, se advierte claramente que se encuentran consignados todos los puntos establecidos en el art. 302 del CPP, por cuanto consigna y refiere: “‘…RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN FORMAL NO 72/2018’, asimismo en el numeral romano I señala DATOS DE LAS PARTES PROCESALES, I.I. DATOS GENERALES DEL DENUNCIANTE Y/O QUERELLANTE, I.2. DATOS GENERALES DEL DENUNCIADO Y/O QUERELLADO, II. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS, III. ELEMENTOS COLECTADOS EN LA INVESTIGACIÓN, IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, V. PROBABILIDAD DE AUTORÍA DEL IMPUTADO, VI. CONCLUSIONES, VII. IMPUTACIÓN FORMAL Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL, VIII. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES, IX. SOLICITUD DE AUDIENCIA…” (sic), lo que demuestra de manera cierta y evidente que si se ha dado cumplimiento al referido precepto legal;
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II
- III.1. Jurisprudencia reiterada respecto a la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones y su implicancia con el ejercicio del derecho a la defensa
- motivación arbitraria’
- Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado
- Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia
- III.2. Alcances de la imputación formal y su incidencia en el ejercicio del derecho a la defensa
- debe tener la posibilidad de conocer cuáles son los hechos que se imputan
- que tenga por base una imputación concreta
- e implica que la imputación que realice el Estado contra una persona debe estar correctamente formulada, a fin del cabal ejercicio del derecho a la defensa correspondiendo que la imputación formal sea sustentada en un relato ordenado de los hechos, con todas las circunstancias de modo tiempo y lugar, que le permitan al imputado afirmar o negar elementos concretos
- La imputación debe ser concreta, precisa, clara, circunstanciada y específica, donde el imputado perciba la amenaza de una sanción y encuentre la posibilidad de defenderse,
- resolución fundamentada
- la imputación formal deberá establecer de manera individual y objetiva, con la mayor claridad posible, el o los hechos atribuibles a cada uno de ellos
- la inobservancia de estas exigencias básicas y esenciales del debido proceso de ley, importan una violación a los derechos y garantías del imputado, al estar ausente la garantía de certeza en la imputación
- ésta facultad del Ministerio Público no puede ser discrecional ni arbitraria, pues se encuentra limitada en el ámbito procesal por el derecho constitucional al debido proceso
- Fragmento 26
- III.3.
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- 3)
- 5)
- 6)
- 8)
- III.4. Otras consideraciones
- REVOCAR en parte