SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0781/2020-S3
Fecha: 04-Nov-2020
6)
6) Con relación al sexto agravio, se establece que los hechos que motivaron el inicio del proceso disciplinario fueron subsumidos por la autoridad sumariante, entre otras, a la falta inserta en el art. 106.e) de la LNP concerniente a autorizar con conocimiento escrituras simuladas, respecto a lo cual el art. 19.c) de esa normativa determina que es atribución de los Notarios de Fe Pública la autorización de documentos; por otro lado, para que se configure la falta descrita en el art. 106.e), el Notario debe ser consciente de que el documento que se autoriza no corresponde a la verdadera voluntad de las partes.
Sobre la simulación de negocio jurídico, la uniforme jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia a través de el Auto Supremo 1244/2017 de 4 de diciembre, dictado por la Sala Civil del citado Tribunal, entre otros, estableció que para determinar la simulación de un contrato u acto jurídico se debe acreditar la existencia de distintos requisitos, entre los que se encuentra la bilateralidad de la ficción en la creación del acto simulado; y siendo que en el presente caso, existen pruebas suficientes de que los señores Gustavo Saravia Rodríguez, Edgar Raúl Carrasco Sequeiros, y Barly Duran Montero no tuvieron conocimiento de la extensión de mandatos a favor de aquellas personas que a su vez figuran en los respectivos testimonios irregulares como mandatarios; ante la ausencia de la bilateralidad exigida por la ley para la configuración de la simulación, no se configuraría la falta descrita en el art. 106.e) de la antedicha norma, correspondiendo revocar en parte la Resolución disciplinaria de Primera Instancia.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
- a)
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- 1)
- I.2.2. Informe de las autoridades accionadas
- i)
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 15
- cuando una actuación judicial contiene una decisión arbitraria, con evidente repercusión en el proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales de una de las partes, pueden ser susceptibles de controversia en sede de tutela
- a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación de derechos de naturaleza constitucional
- una errónea interpretación del Derecho (precisando qué normas legales fueron erróneamente interpretadas y cómo estas interpretaciones vulneran derechos fundamentales de manera puntual y concreta);
- corresponde que el peticionante de tutela explique de manera clara y concreta cómo la labor de la autoridad judicial o administrativa, ya sea en la interpretación de la norma o en la valoración de la prueba, o por afectación a los elementos de fundamentación y congruencia de la resolución, vulneró los derechos fundamentales y garantías constitucionales que invoca
- La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones
- el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas.
- decisión sin motivación’
- fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno
- La fundamentación
- toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la
- En cuanto a la motivación
- debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido
- valoración de la prueba
- en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final;
- III.4. Análisis del caso concreto
- la demanda debe dirigirse contra la persona que en el momento de la presentación de la acción, se encuentra desempeñando esa función, a quien sólo le alcanzarán las responsabilidades institucionales
- III.4.1 Sobre la lesión del derecho al debido proceso
- ii)
- iii)
- iv)
- v)
- vi)
- vii)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- III.4.1.1 Sobre la lesión del derecho al debido proceso en su vertiente congruencia
- III.4.1.3 Sobre la valoración de la prueba
- III.4.2. Sobre la interpretación de la legalidad ordinaria
- III.4.3. Sobre la denuncia de vulneración a otros derechos
- III.5. Otras consideraciones
- CONFIRMAR