SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0781/2020-S3
Fecha: 04-Nov-2020
ii)
ii) No se estableció quien o cúal fue el medio por el que se recibió la denuncia anónima, debiendo considerarse que el poder se encontraba en manos de la apoderada sin que se le dé ningún uso material; asimismo, no existe sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada formal y material que determine la ineficacia jurídica de ese poder, seguirá siendo motivo de supuestas irregularidades; por otra parte, se observó que el poder se hizo en dos horas y que el mismo día 26 de febrero de 2019, Gustavo Saravia Rodríguez declaró en el proceso penal instaurado en su contra; respecto a lo cual, señala que nunca asistió a la oficina en la zona denominada la Cuchilla, y si en su momento asistió ahí fue por convocatoria de la Notaria de Fe Pública Mary Lidia Ramírez Tapia, quien manifestó ser la denunciante “anónima”, siendo esto contrario a lo establecido en el art. 110 de la LNP; de la misma forma, en la inspección seis personas quebraron el principio de secreto profesional y reserva notarial efectuando suposiciones.
ii) Sobre el segundo agravio, en cuanto a la denuncia, la Resolución cuestionada refirió que cursa declaración informativa policial de Gustavo Saravia Rodríguez, que fue presentada por la parte denunciante en tiempo y forma oportuna y valorada por la autoridad sumariante, cursando en obrados; sobre la ineficacia jurídica de ese poder, refiere que la misma impetrante de tutela reconoció que esa escritura es irregular -incurriendo en la falta gravísima definida en el art. 106.d) de la LNP-, y que la autorizó y cobró por su extensión -según arancel-; por otra parte, respecto a los hechos suscitados en la inspección, se expresó que dicho acto fue practicado de acuerdo al art. 9 de la LNP. De lo referido se tiene que la autoridad accionada motivó y fundamentó su resolución.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
- a)
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- 1)
- I.2.2. Informe de las autoridades accionadas
- i)
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 15
- cuando una actuación judicial contiene una decisión arbitraria, con evidente repercusión en el proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales de una de las partes, pueden ser susceptibles de controversia en sede de tutela
- a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación de derechos de naturaleza constitucional
- una errónea interpretación del Derecho (precisando qué normas legales fueron erróneamente interpretadas y cómo estas interpretaciones vulneran derechos fundamentales de manera puntual y concreta);
- corresponde que el peticionante de tutela explique de manera clara y concreta cómo la labor de la autoridad judicial o administrativa, ya sea en la interpretación de la norma o en la valoración de la prueba, o por afectación a los elementos de fundamentación y congruencia de la resolución, vulneró los derechos fundamentales y garantías constitucionales que invoca
- La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones
- el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas.
- decisión sin motivación’
- fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno
- La fundamentación
- toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la
- En cuanto a la motivación
- debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido
- valoración de la prueba
- en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final;
- III.4. Análisis del caso concreto
- la demanda debe dirigirse contra la persona que en el momento de la presentación de la acción, se encuentra desempeñando esa función, a quien sólo le alcanzarán las responsabilidades institucionales
- III.4.1 Sobre la lesión del derecho al debido proceso
- ii)
- iii)
- iv)
- v)
- vi)
- vii)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- III.4.1.1 Sobre la lesión del derecho al debido proceso en su vertiente congruencia
- III.4.1.3 Sobre la valoración de la prueba
- III.4.2. Sobre la interpretación de la legalidad ordinaria
- III.4.3. Sobre la denuncia de vulneración a otros derechos
- III.5. Otras consideraciones
- CONFIRMAR