SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0781/2020-S3
Fecha: 04-Nov-2020
III.4. Análisis del caso concreto
La impetrante de tutela a traves de sus representantes legales, denuncia que, habiendo sido procesada a raíz de una denuncia fraudulenta ante la DIRNOPLU por extender presuntamente un poder de forma irregular, se emitió sanción sancionatoria en su contra, la cual fue confirmada en parte por la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 011/2019 de 12 de abril, por la supuesta comisión de la falta grave contemplada en el art. 105.f) en relación al art. 20. a), y la falta gravísima inserta en el art. 106.d); todos de la LNP, efectuándose una interpretación distorsionada de la norma sin que se establezca la tipicidad ni valorar debidamente los elementos de prueba, además de no responder a sus cuestionamientos respecto a la resolución del inferior en grado, lesionando de esta manera sus derechos al debido proceso en sus elementos legalidad, tipicidad, defensa, fundamentación y motivación, así como el derecho al trabajo, añadiendo en audiencia el derecho a la prueba, el quebrantamiento al principio de legalidad, juez imparcial y de tipicidad.
Precisado el objeto procesal de esta acción tutelar, cabe señalar que con la referida Resolución hoy cuestionada, la peticionante de tutela fue notificada, el 24 de abril de 2019, solicitando posteriormente aclaración, enmienda y complementación, la cual, pese a ser interpuesta en plazo, fue declarada no ha lugar, con cuya determinación se notificó a la prenombrada el 29 del mismo mes y año (Conclusión II.4), en cuyo sentido, en el marco de lo establecido por el 55.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), considerando que la acción fue interpuesta el 23 de septiembre del mismo año, se advierte el cumplimiento de lo establecido en el art. 129 de la CPE; por otra parte, corresponde referir que en el marco de lo establecido por el art. 112.II de la LNP, no cabe recurso ulterior contra la resolución emitida por la autoridad ahora accionada; por lo cual, se tiene que la acción planteada se adecúa al principio de subsidiariedad.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
- a)
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- 1)
- I.2.2. Informe de las autoridades accionadas
- i)
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 15
- cuando una actuación judicial contiene una decisión arbitraria, con evidente repercusión en el proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales de una de las partes, pueden ser susceptibles de controversia en sede de tutela
- a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación de derechos de naturaleza constitucional
- una errónea interpretación del Derecho (precisando qué normas legales fueron erróneamente interpretadas y cómo estas interpretaciones vulneran derechos fundamentales de manera puntual y concreta);
- corresponde que el peticionante de tutela explique de manera clara y concreta cómo la labor de la autoridad judicial o administrativa, ya sea en la interpretación de la norma o en la valoración de la prueba, o por afectación a los elementos de fundamentación y congruencia de la resolución, vulneró los derechos fundamentales y garantías constitucionales que invoca
- La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones
- el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas.
- decisión sin motivación’
- fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno
- La fundamentación
- toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la
- En cuanto a la motivación
- debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido
- valoración de la prueba
- en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final;
- III.4. Análisis del caso concreto
- la demanda debe dirigirse contra la persona que en el momento de la presentación de la acción, se encuentra desempeñando esa función, a quien sólo le alcanzarán las responsabilidades institucionales
- III.4.1 Sobre la lesión del derecho al debido proceso
- ii)
- iii)
- iv)
- v)
- vi)
- vii)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- III.4.1.1 Sobre la lesión del derecho al debido proceso en su vertiente congruencia
- III.4.1.3 Sobre la valoración de la prueba
- III.4.2. Sobre la interpretación de la legalidad ordinaria
- III.4.3. Sobre la denuncia de vulneración a otros derechos
- III.5. Otras consideraciones
- CONFIRMAR