SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0167/2020-S1

Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta, ‘motivación arbitraria’, o en su caso, ‘motivación insuficiente’, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o motivada, como elemento constitutivo del debido proceso.

Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a que sólo en aquéllos supuestos en los que  se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada.

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación.

El principio de congruencia, ha sido desarrollado por varias sentencias constitucionales: La SC 1312/2003-R de 9 de septiembre, respecto al proceso como unidad; la SC 1009/2003-R de 18 de julio, con relación a la coherencia en la estructura de la decisión entre la parte motiva y la resolutiva. En ese sentido también está la SC 0157/2001-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0747/2012 y 0858/2012, referidos a la congruencia entre la parte motiva y resolutiva en acciones de defensa; la SC 1797/2003-R de 5 de diciembre, cuando se resuelven recursos, sobre la pertinencia entre lo apelado y lo resuelto”.

         Una resolución sea en el ámbito judicial o administrativo, debe lograr el convencimiento de las partes procesales, de que la decisión adoptada observa el valor justicia y que su decisión adoptada descansa en el sometimiento a la Constitución Política del Estado, Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y la ley nacional, extremo que permita a las partes procesales lograr el convencimiento que una resolución emitida no es producto de la arbitrariedad y discrecionalidad de operador de justicia, sino por el contrario observa el valor justicia, principio de interdicción de la arbitrariedad, principio de razonabilidad y principio de congruencia.

         En ese entendido, cuando una resolución ha sido emitido sobre la base de la arbitrariedad , también entendida como la falta de coherencia o incongruencia de la decisión, debido a que la norma o conjunto de normas sobre las cuales basa su decisión, así como el enunciado o cuestión fáctica analizada no resultan correctas mucho menos fundadas racionalmente.