SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0268/2020-S3

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: 1) Se deje sin efecto el Auto de Vista 203/2019 de 14 de octubre; y, 2) Se ordene a los Vocales accionados emitan una nueva resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente en base a elementos materialmente verificables, aplicando la temporalidad de la ley en cuanto a los riesgos procesales y a la jurisprudencia constitucional.

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la valoración de la prueba, a la defensa y al principio de seguridad jurídica; en razón que los Vocales accionados al emitir el Auto de Vista 203/2019 de 14 de octubre, no fundamentaron ni respondieron: 1) A los agravios con relación a la probabilidad de autoría y participación (art. 233.1 del CPP), toda vez que la querella fue presentada con base en elementos indiciarios como la supuesta suscripción de documentos privados y el presunto depósito de $us600.- (seiscientos dólares estadounidenses) en sus cuentas personales, los cuales pese a que fueron desvirtuados con prueba objetiva fueron mantenidos, existiendo incongruencia entre la imputación formal y los indicios materialmente verificables; 2) Con relación a la fuente laboral (art. 234.1 del CPP), presentó certificaciones sobre sus ocupaciones de agricultor y chofer; sin embargo, no fueron valorados, más bien los utilizaron en su contra con el argumento de que no se establecieron horarios, cuando la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora para acreditar con elementos materialmente verificables los riesgos de fuga y de obstaculización, fundamentando cómo la ausencia de arraigo natural y la falta de horario de sus ocupaciones se constituye en un riesgo de fuga; 3) Sobre el peligro efectivo para la sociedad, la víctima o el denunciante (art. 234.10 del CPP), la jurisprudencia constitucional estableció que ante la duda se debe adoptar el criterio más favorable al imputado; empero, los Vocales ahora accionados se limitaron a señalar que la SCP 0056/2014 de 3 de enero, permite evaluar los hechos y también a las personas sin establecer parámetros de peligrosidad, aferrándose únicamente a la naturaleza del hecho de que existen víctimas múltiples sin valorar los certificados de antecedentes penales y policiales, y si tenían o no sentencia condenatoria ejecutoriada anterior al proceso para establecer ese riesgo procesal; y, 4) Sobre el riesgo de obstaculización (art. 235.1 del CPP), que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba, su concurrencia tiene una clasificación de temporalidad -al tiempo presente- que no admite probabilidades ni suposiciones; empero, los Vocales hoy accionados realizaron una interpretación contraria a la ley y a la jurisprudencia, como establecer que al tener la etapa preparatoria seis meses de duración los riesgos subsisten por ese tiempo, ya que el art. 235.1 del CPP no determina plazos; además, la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, prohíbe fundar la detención preventiva en meras suposiciones.

1)  Sobre la probable autoría y participación del accionante en el tipo penal previsto en el art. 335 del CP, incurre en estafa el que con la intención de obtener un beneficio para sí o para un tercero, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en el otro para que realice un acto de disposición patrimonial, engaño que se acreditó a partir de las declaraciones coincidentes de las víctimas, quienes indicaron que el accionante y otros, ostentando el cargo de dirigentes de la Cooperativa Agropecuaria El Carmen Ltda., les ofrecieron lotes de terreno con la condición que si defendían de los avasalladores podían comprar esos lotes a precio social $us600.- depositando en las cuentas bancarias que les proporcionaron; si bien los lotes de terreno se encuentran inscritos a nombre de la mencionada Cooperativa; empero, se encuentra gravada con la prohibición de realizar actos de disposición y de asentamiento por el INRA, por lo que las víctimas no podían asumir la titularidad que prometieron, lo cual acredita que el accionante es con probabilidad autor o partícipe del delito del hecho punible -según señalaron los Vocales hoy accionados-;