Auto Supremo AS/0309/2003

Hasta ahí la participación de los jueces ciudadanos fue objetiva y responsable cumpliendo los deberes impuestos por los arts. 64 y 65 del Procesal Penal, sujetando sus actos a la unicidad del proceso y al principio de concentración. Sin embargo su negatoria de no firmar la sentencia condenatoria por factores exógenos no invalida el fallo, al constar la causa del impedimento en fs. 128, 129 vlta y 130 de obrados; sin que su posterior retractación de veredicto en sentido contrario de fs. 283-285 y 284 presentados por los jueces ciudadanos Elena Pomacusi Monrroy y Joaquín Tito Chambilla, sean lo suficientemente determinantes para poner en duda los efectos de la sentencia de fs. 131-137 de obrados; pues la decisión de un Tribunal colegiado ejercida con plena jurisdicción y competencia a nombre del Estado y al ser de orden público, no puede quedar librada a actos de liberalidad personal al margen de la ley procesal penal, sólo por temores, amenazas y amedrentamientos de moradores que valiéndose del tumulto y las manifestaciones, creen suplantar con la presión social los mecanismos legales y constitucionales de las reglas de garantías del debido proceso, en abierto desafío a las prácticas de representación social y democrática, que la ejercen con el control de los denominados jueces ciudadanos; lo que es inadmisible y censurable en un Estado de Derecho