Auto Supremo AS/0276/2020-RRC

Hasta aquí sobre la proyección práctica de la garantía constitucional de presunción de inocencia, destacan tres elementos, (1) que la carga de la prueba le corresponde exclusivamente a la parte acusadora, (2) que al imputado no puede exigírsele actividad probatoria tendiente a acreditar su inocencia, que la prueba sea producida ante autoridad competente en juicio oral salvando los casos de anticipo de prueba, y, (3) que la inocencia o culpabilidad a dictarse emerja de manera fundada y argumentada de la autoridad jurisdiccional encargada de llevar a cabo el juzgamiento. Entonces, la garantía de presunción de inocencia es vulnerada cuando una condena se funda en sospechas, sin pruebas o prescindiendo de ellas; cuando se presume la culpabilidad del imputado, atribuyéndole la carga de probar su inocencia; cuando se condena sin haber admitido la contradicción de las pruebas de cargo; cuando de hechos no probados se extraigan consecuencias jurídicas sancionatorias; como también cuando se condena en virtud de pruebas ilegalmente obtenidas o introducidas a juicio, violando derechos fundamentales, en inobservancia de las garantías constitucional y legalmente postuladas en nuestra legislación. En ese sentido los arts. 171 y 173 del CPP