AMPARO DIRECTO 310/2016. 24 DE FEBRERO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO. PONENTE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. SECRETARIA: DANIELA EDITH ÁVILA PALOMARES.

d. Siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de hora, lugar o circunstancia.

46. Orden secuencial que debe ser estricto e inalterable, de manera que la violación a ello, no admite ser subsanada por actos posteriores de la autoridad, aun cuando se pretenda justificar la inversión de este orden establecido en la norma constitucional por razones de necesidad, en el caso concreto, o evitar que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia,(45) lo que significa que sólo mediante una orden -que constituye una resolución- emitida previamente por el Ministerio Público, que se encuentre debidamente fundada y motivada, podrá ejecutarse la detención posterior de una persona.

47. De ahí que, aun cuando se cumplan los requisitos que actualizan el caso urgente -ya marcados de la letra a. a la d.-, también es indispensable que se corrobore la existencia previa de la orden de detención y, en su caso, analizar si al momento de ordenar la detención el Ministerio Público, efectivamente tenía evidencia que justificara la creencia de que se había actualizado un supuesto de caso urgente.(46)

48. Ahora, en el caso, los hechos delictivos acaecieron casi diez meses antes de la detención -recuérdese que el ilícito se verificó el treinta y uno de agosto de dos mil seis-, por lo que la actuación de los policías no fue debida, toda vez que no se trató de una verdadera captura, puesto que se le privó de la libertad sin contar con una orden de captura librada por autoridad competente, tal como lo establece el artículo 16 de la Ley Suprema, aun cuando fuera señalado por el denunciante como una de las personas que participó en el evento delictivo cometido tiempo antes.

49. Como se advierte de las constancias, el Ministerio Público realmente decretó una retención, sin antes haber librado una orden de detención por urgencia; así como tampoco la policía había actuado en flagrancia. De modo que, lo que se obtiene es una verdadera detención disfrazada bajo el supuesto de "caso urgente".

50. En apoyo a lo anterior, se cita por ser aplicable la tesis 1a. CCLII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en su versión electrónica, con registro digital 2009821, de título, subtítulo y texto siguientes:

"DETENCIÓN POR CASO URGENTE. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ. El artículo 16, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre que no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Ahora bien, de las características ontológicas de la detención por caso urgente, destaca que: a) es una restricción al derecho a la libertad personal; b) es extraordinaria, pues deriva de condiciones no ordinarias, como el riesgo fundado de que la persona acusada de cometer un delito grave se sustraiga a la acción de la justicia y que por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial a solicitar una orden de aprehensión; y, c) es excepcional, pues se aparta de la regla general sobre el control judicial previo dentro del régimen de detenciones. En ese sentido, para que sea válida o legal la detención por caso urgente debe estar precedida de una orden del Ministerio Público, una vez que se han acreditado los tres requisitos que la autorizan: i) que se trate de un delito grave; ii) que exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue; y, iii) que por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo. Así, estos requisitos constitucionales a los que está sujeta la detención por caso urgente configuran un control normativo intenso dispuesto por el legislador, que eleva el estándar justificativo para que el Ministerio Público decida ordenar la detención de una persona sin control previo por parte de un Juez. Por ello, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera razonable que el Constituyente determinara que el Ministerio Público deba demostrar que los tres requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional se actualizan concurrentemente. Además, deben existir motivos objetivos y razonables que el Ministerio Público tiene la carga de aportar para que la existencia de dichos elementos pueda corroborarse posteriormente por un Juez, cuando éste realice el control posterior de la detención, como lo dispone el artículo constitucional referido."