AMPARO DIRECTO 310/2016. 24 DE FEBRERO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO. PONENTE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. SECRETARIA: DANIELA EDITH ÁVILA PALOMARES.

• Para demostrar el delito de tortura debe demostrarse que la víctima fue agredida en su integridad personal (física o mental); demostrar más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal del autor; lo que deberá decidirse en el proceso penal abierto con motivo del ilícito citado.

• En el supuesto de tortura como violación a la integridad física con repercusión al derecho humano del debido proceso, basta con la acreditación de la violación a la integridad física, aun cuando se desconozca su autor.

• El Juez de la causa penal en la que el acusado alegue ser víctima de tortura o la noticia de esa agresión surge en el proceso penal de mérito (sic), entonces, el Juez de la causa debe verificar la veracidad de la alegación y determinar su impacto procesal.

• En el supuesto de tortura como violación a la integridad de la persona con repercusión en el derecho humano al debido proceso, el estándar probatorio es más bajo que el exigido para la demostración del delito de tortura, por lo que bastan indicios que permitan sostener válidamente que existió.

• El estándar para acreditar este segundo supuesto de tortura, implica que la autoridad jurisdiccional competente deberá ordenar de inmediato la realización de exámenes para esclarecer el hecho, que dependerán del tipo de maltrato alegado, aplicándose el Protocolo de Estambul, pues de no hacerlo, se vulneran las reglas del procedimiento.

• La prueba obtenida a partir de hechos de tortura es invalida (probada como delito o como violación al derecho humano al debido proceso).