SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0015/2004

En cuanto a las competencias municipales, el art. 8-I-1 reconoce como atribución del Gobierno Municipal, en materia de desarrollo humano sostenible, planificar y promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito urbano y rural del Municipio, de conformidad con las normas de la planificación participativa municipal. El numeral II de la misma norma en su inciso 1 claramente determina que es potestad del Gobierno Municipal “construir, equipar y mantener la infraestructura en los sectores de educación, salud, cultura, deportes, micro riego, saneamiento básico, vías urbanas y caminos vecinales”.

El art. 86 LM expresa que son bienes de dominio público todos aquellos inmuebles destinados  a la administración municipal  y a la prestación de un servicio público municipal, así como aquellos bienes inmuebles transferidos por  la Ley de Participación Popular y otras disposiciones legales.  Al efecto, recuérdese que  la Ley de Participación Popular 1551 de  20 de abril de 1994 (art. 13), transfirió  a título gratuito a favor de los Gobiernos Municipales, los bienes muebles e inmuebles afectados a la infraestructura física de los servicios públicos de salud, educación, cultura, deportes, caminos vecinales y microriego, consistentes en hospitales de segundo y tercer nivel, hospitales de distrito. En ese marco, amplió las competencias que, entonces, estaban delimitadas en la Ley Orgánica de Municipalidades, indicando que  también abarcarían a la administración y control del equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Gobierno Municipal, incluyendo los transferidos por esa Ley, reglamentando su uso.

La citada Ley de Municipalidades en su art. 95 manifiesta que los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, republicanos históricos, ecológicos y arquitectónicos de la Nación, o los procedentes del culto religioso, ya sean de propiedad privada, pública o de la Iglesia, localizados en el territorio de la jurisdicción municipal, se encuentran bajo la protección del Estado, sujeto a legislación especial y destinados inexcusablemente al uso y disfrute de la colectividad. El Gobierno Municipal, en coordinación con organismos nacionales e internacionales competentes, precautelará y promoverá la conservación, preservación y mantenimiento de los bienes del Patrimonio Histórico-Cultural y Arquitectónico de la Nación en su jurisdicción.