SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0024/2005

De otro lado, habiendo señalado la incidentista como afectado el derecho de petición, por cuanto el derecho de impugnación constituye parte esencial de los derechos de petición y ninguna norma puede restringir, alterar, suprimir o castigar el ejercicio de este derecho, no pudiendo condicionarlo a un depósito previo de un porcentaje del monto de la licitación pública y advertir al recurrente que perderá dicho depósito si la resolución impugnada es confirmada.

Al respecto se debe establecer que el art. 7 inc. h) de la CPE se refiere al derecho de petición, el mismo que, según la SC 275/2003-R, de 11 de marzo“(...) es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa que es de interés de aquélla, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a mejorar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones contenido en el art. 7-h) CPE se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, contestando en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”.

Asimismo, a través de las SSCC 189/2001-R y 776/2002-R, entre otras, el Tribunal Constitucional ha establecido que ese derecho se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita ni la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones por las cuales no se la acepta, o dando curso a la misma, con motivos sustentados legalmente o de manera razonable, sin que pueda tenerse por violado el derecho de petición al darse una respuesta negativa en forma motivada, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica necesariamente una respuesta positiva, sino una respuesta oportuna y emitida en el término legal además de motivada.