SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0897/2005-R

          Siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia constitucional referida precedentemente, la SC 1067/2004-R, de 6 de julio, precisa de manera clara la eficacia material que deben tener las notificaciones en segunda instancia, con el objeto de resguardar la garantía del debido proceso y dentro de éste el ejercicio irrestricto del derecho a la defensa, en ese sentido señala: “De la interpretación desde y conforme a la Constitución de la norma prevista por el art. 231 del CPC, modificada por el art. 21 de la LAPCAF se infiere que la notificación con el Auto de Vista se efectuará en el domicilio procesal señalado por las partes a tiempo de apersonarse ante el Tribunal de apelación; empero, si no lo hicieren, se considera que el domicilio procesal válido para efectuar tales notificaciones debe ser el domicilio procesal señalado en primera instancia, pues ese fue el espíritu de dicha norma cuando fue reformada por la Ley de abreviación procesal civil y de asistencia familiar, y en caso de efectuarse notificaciones en un domicilio procesal diferente al mencionado o en estrados judiciales se estaría vulnerando la garantía del debido proceso, en el elemento al derecho a la defensa en caso de ser demandado o el derecho a una tutela judicial efectiva, en caso de ser demandante”.