SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0399/2006-R

(…) Consecuentemente, dado el carácter público del proceso, el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 del CPP para el desarrollo de la Etapa Preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal, siendo éste el actuado jurisdiccional que marca el inicio del proceso penal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la acusación, ampliable únicamente en el supuesto establecido por el segundo párrafo del art. 134 del CPP; sin que esto quiera decir que la extinción opere ipso facto, como lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional en las SSCC 764/2002-R y 895/2002-R; pues deben desarrollarse las formalidades establecidas por el mismo artículo 134 del CPP (…)”.

Dentro de ese marco, conforme precisó la citada SC 1036/2002-R, el proceso penal boliviano se encuentra dividido en etapas, constituyendo la primera la denominada preparatoria que tiene la finalidad de preparar el juicio oral público a través de la recolección de elementos que no sólo permitan al Ministerio Público y a la parte querellante fundar una eventual acusación, sino también para fundar la defensa del propio imputado, de modo que tenga la oportunidad durante su desarrollo de proponer todo acto o diligencia a su favor, cuyos resultados pueda posteriormente incorporarlos a través de los medios de prueba reconocidos por el Código de procedimiento penal, durante la práctica probatoria en la sustanciación del juicio.