SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0349/2007-R

Conforme lo ha entendido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el recurso de amparo no está configurado como una instancia procesal de revisión de las resoluciones pronunciadas dentro de los procesos ordinarios o administrativos que el ordenamiento jurídico prevé, pues no es una instancia que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que esta acción tutelar se encuentra abierta respecto a los actos u omisiones que lesionan derechos y garantías fundamentales, pero de ningún modo se activa para analizar el fondo del proceso. 

Por ello, el Tribunal Constitucional, como lo ha sostenido la SC 0685/2006-R de 17 de julio, “…no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, excepto, en los casos en los que resulta evidente que la prueba aportada ha sido ignorada por el juzgador o cuando la valoración realizada es arbitraria e irrazonable y no obedece a los marcos legales de razonabilidad y equidad, originando como lógica consecuencia la lesión a derechos y garantías fundamentales, conforme se ha establecido en la SC 577/2002-R, de 20 de mayo, reiterada por las SSCC 1047/2004-R, 227/2004-R, 294/2003-R, y complementada por la SC 873/2004-R, de 8 de junio, en la que se expresó que: '(...) en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución (…)”.

Sin embargo, la valoración de la prueba efectuada por la Jueza recurrida y la Sentencia pronunciada en base a ella no puede ser objeto de revisión a través del presente recurso de amparo constitucional, toda vez que, como lo ha sostenido la jurisprudencia glosada, esta es una atribución privativa de los jueces y tribunales que conocieron la causa; más aún si se evidencia que la valoración efectuada por la Jueza no es irrazonable ni arbitraria ni ha ocasionado una lesión a los derechos y garantías fundamentales del recurrente; por consiguiente, el recurso de amparo constitucional debe ser declarado improcedente también respecto a lo denunciado en este punto.