SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0361/2007-R

III.5. Por consiguiente se tiene que  las autoridades recurridas, al no haber atendido  los reclamos y peticiones de la  recurrente, a tiempo de dictar la Resolución 089/2005, ahora impugnada aceptando la supuesta  renuncia presentada por la Concejala, Nely Eugenia Cabas Condori de Cantuta y otro, vulneraron lo previsto en el art. 12 de la CPE, al no tomar en cuenta que la referida renuncia fue fruto de la presión social como refieren en el acta de la sesión  extraordinaria 07 del Concejo Municipal de Viacha, omitiendo su consideración. Consecuentemente, las actuaciones ilegales y omisiones indebidas en que han incurrido los demandados, restringen los derechos de la  recurrente a la seguridad jurídica, entendida como: (…) la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran; representa la garantía de aplicación objetiva de la ley, de modo tal que las personas saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio, pues, la seguridad jurídica, es un requisito para la configuración del orden público dentro del Estado de Derecho” (SSCC 0982/2002-R, 1381/2002-R, 0384/2003-R y muchas otras); al  trabajo, a una remuneración  justa, a ejercer una función pública, a la petición y a la defensa. Comprobándose que  se excedieron en sus atribuciones al considerar y aprobar una renuncia en la que no hubo manifestación de la voluntad de la recurrente, (no obstante a tener conocimiento de ello) que oportunamente solicitó que no se considere dicha renuncia por no ser fiel expresión de su voluntad libre y espontánea sino fruto de la presión social, una vez aprobada también solicitó su reconsideración conforme a lo previsto por el art. 22 de la LM, sin que los recurridos hubieran  atendido tales peticiones; pues el hecho de haberse detectado  supuestamente hechos irregulares en pasadas gestiones que darían  lugar a la dejación del cargo, no les exime en momento alguno de cumplir los requisitos y procedimientos señalados por la Constitución Política del Estado, la Ley de Municipalidades y demás normas al respecto y  para ese fin,  por lo que corresponde otorgar la tutela solicitada. Así ha procedido en casos similares el Tribunal Constitucional, a través de las SSCC 0214/2000-R, 0307/2000-R, 0759/2000-R y 0317/2001-R, entre otras.