SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0710/2007-R

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, realizando un interpretación teleológica y sistemática del. art. 18 de la CPE y los pactos internacionales ratificados por Bolivia en materia de derechos humanos, ha establecido los supuestos de subsidiariedad excepcional del hábeas corpus, cuando existan medios idóneos e inmediatos para impugnar el supuesto acto o resolución ilegal que vulnera el derecho a la libertad. 

Así, respecto a las aprehensiones supuestamente ilegales, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo siguiendo el entendimiento contenido en la SC 0160/2005-R, estableció que: “(…) todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de Procedimiento Penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 Constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdiccional ordinaria aludidos”.