SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1542/2010 -R

El ahora accionante, Nicanor Ortíz Aliaga, con posterioridad, interpuso otra acción tutelar (expediente: 2007-16411-33-RAC), que se analiza, denunciando los mismos actos ilegales e irregulares que en la acción considerada precedentemente, dirigiéndola contra las otras personas extrañadas que motivó la declaratoria de improcedencia por falta de legitimación pasiva, ampliándola en sentido de haber agotado la vía administrativa; sin embargo de los antecedentes procesales consta que por nota de 21 de julio de 2006, solicitó al Presidente y Vicepresidente del Concejo Municipal de Aucapata, la reconsideración de las Resoluciones Municipales 10/2006, 13/06 y 18/06, por haberse incurrido en una serie de omisiones e irregularidades al permitir la participación de una Concejala de manera ilegal, reconsideración que fue aprobada por Resolución Municipal 19-A-1/2006 de 22 de julio, y posteriormente por su similar 19-A-2/2006 de la misma fecha se abrogaron las Resoluciones objeto de reconsideración, de tal manera que el Concejo Municipal dejó sin efecto los actos reclamados por el Alcalde Municipal de Aucapata, ahora accionante, con anterioridad a la interposición de esta acción tutelar, de tal forma que cesaron los efectos del acto reclamado, determinando ello la improcedencia del recurso, ahora acción de amparo constitucional, en aplicación del art. 96.2) de la LTC, toda vez que las Resoluciones Municipales que solicita el accionante que éste Tribunal las deje sin efecto, fueron declaradas así por el Concejo Municipal de Aucapata, cuyos miembros han sido demandados. Por consiguiente, el Juez de Partido y de Sentencia de Chuma del referido Distrito Judicial, al pronunciar la Resolución 27/2007 de 25 de julio, concediendo el recurso ahora acción de amparo constitucional, no compulsó que las Resoluciones Municipales impugnadas ya habían sido dejadas sin efecto, antes de la interposición de dicha acción, como se tiene evidenciado.