SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2117/2010-R

Se invoca la violación a la seguridad jurídica como un derecho, pero que en el marco de la Constitución Política del Estado, constituye un principio rector del ordenamiento jurídico y que emana del Estado de Derecho, habida cuenta que: “…implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde con el nuevo texto constitucional, que en su art. 178 dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad” (SC 0070/2010-R de 3 de mayo). Conforme a ello, si bien la seguridad jurídica no puede ser invocada ni tampoco protegida como un derecho dentro de una acción tutelar, no es menos evidente que no puede desconocerse su aplicación al ser un principio rector del ordenamiento jurídico; el que fue igualmente fue inobservado por los demandados.