SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0232/2010-R

Las características referidas por la normativa citada, responden al efectivo desarrollo del proceso administrativo, que comprende a su vez la impugnación de actos administrativos dentro de un procedimiento administrativo, como lo es la licitación, y la motivación de las resoluciones pronunciadas en éste, situación que constituye una garantía de legalidad en respeto del principio de seguridad jurídica y del resguardo del debido proceso, que la Constitución Política del Estado -en consideración a su naturaleza y elementos constitutivos como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales-, lo instituyó como derecho fundamental de los justiciables, como un principio procesal y como una garantía de la administración de justicia, de lo que se colige que el alcance del debido proceso alcanza a los actos administrativos que son parte de un procedimiento administrativo en todas sus etapas, máxime si se trata de una Resolución adoptada en un único y último recurso, como es el caso de la impugnación, que no será revisado por otra instancia posterior, caso en el que aún con mayor razón, la determinación asumida debe estar debidamente motivada, efectivizándose de esa forma ese elemento del debido proceso en materia administrativa.