SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0289/2010-R

III.4.1. La jurisprudencia constitucional glosada es de aplicación en el presente caso, por cuanto el accionante aduce que la Presidenta Ejecutiva a.i. del SNC demandada, sin invocar causal de resolución contractual alguna y argumentando la existencia de una querella, planteó la necesidad de resolver el contrato con TOLL S.A., para luego en base a informes del Fiscal Nacional de Peaje, notificárseles con la intención de resolución del contrato, invocando las causales contenidas en los incs. a), d) y f) de la cláusula novena, y pese a que no se dio inicio a ningún proceso de resolución del contrato -se entiende en la vía arbitral- se continuó con la ejecución de los contratos realizándose las inversiones comprometidas por parte de la empresa que representa, persistiendo pese a ello las irregularidades pues fueron citados a una reunión para tratar la resolución del contrato así como la entrega de retenes y otros, luego, pese a su oposición, se procedió a la ejecución de la boleta de garantía de cumplimiento del contrato; además de lo citado, todos los actos ilegales que ahora se impugnan “entendidos” únicamente con TOLL S.A. y no así con TOLL S.A. Potosí y TOLL S.A. Oruro, empresas que suscribieron el contrato modificatorio conjuntamente con TOLL S.A, causándoles indefensión; empero, el accionante no considera que la misma vía arbitral que invoca debió ser aplicada por el ex SNC, tampoco se utilizó y agotó para resolver las irregularidades y controversias surgidas en virtud del contrato suscrito entre las tres sociedades TOLL S.A. que representa y la referida entidad caminera.