SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0815/2010-R
Fecha: 02-Ago-2010
III.6. Caso analizado
De acuerdo a la denuncia efectuada por la accionante, en el presente amparo constitucional, las autoridades demandadas no debieron haber admitido el recurso de casación formulado por el imputado, pues ya se resolvió uno anterior en el que se sentó doctrina legal aplicable y se solucionaron los puntos impugnados por la accionante el recurrente. De ahí -concluye la actora- que el Auto Supremo 237/2006 de 13 de junio, por el que se declaró la extinción de la acción penal resulta ilegal por haber dejado sin efecto un Auto Supremo que tiene calidad de cosa juzgada.
Ahora bien, sobre este punto se debe señalar que, de acuerdo a los antecedentes que han sido resumidos en Conclusiones, Miguel Triveño Paredes planteó apelación restringida contra la Sentencia 12/04, denunciando la existencia de actividad procesal defectuosa, por cuanto el representante del Ministerio Público no lo imputó formalmente, no existió audiencia conclusiva, no se valoraron los indicios obtenidos en la inspección ocular en la Agencia Chulumani del Banco Unión S.A.; además denunció defectos de la Sentencia por no haberse valorado la objeción a la introducción de pruebas, formulada en el juicio oral, y tampoco los documentos y el proceso abreviado al que fue sometido la coprocesada.
- recurso de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- a)
- b)
- c)
- I.2.3. Resolución
- 1)
- 2)
- I.3.
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sujeción de la actuación del Tribunal Constitucional a la Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009
- Fragmento 21
- III.2. Términos procesales en la acción tutelar de amparo constitucional
- III.3. El recurso de casación y la cosa juzgada formal
- III.4. La extinción de la acción penal y los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional
- plazo razonable
- dimensión plural
- cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido, sea atribuible al órgano judicial y/o, al Ministerio Público,
- III.5. Los derechos de la víctima en la Constitución Política del Estado vigente y el Código de Procedimiento Penal
- sino que radica sobre todo en la posibilidad real y verdadera, garantizada por el Estado, de que quien espera resolución -ya por la vía activa, ora por la pasiva- la obtenga oportunamente”
- Resolución 40/34
- 1. Acceso a la justicia
- que se constituyen también en una expresión de los deberes constitucionales del Estado
- debe procurar también por los derechos de la víctima
- tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial
- derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal
- tiene la obligación de notificar a la víctima para que ella pueda ejercer el derecho constitucional de ser oída antes que el juez asuma una determinación.
- III.6. Caso analizado
- únicamente se refirió a la denuncia respecto a la imputación formal
- Fragmento 39
- empero
- oficio
- APROBAR