SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1336/2010-R

Las recurrentes, alegan que las autoridades recurridas vulneraron sus derechos, al debido proceso, a la "seguridad jurídica", a la petición, de la garantía de aplicación objetiva de la ley y los principios de igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y de libertad ya que dentro del proceso penal sustanciado por el Ministerio Público contra Lenny Jimena Revollo Marcuatd, administradora de un lenocinio clandestino, por el delito de proxenetismo, se identificaron como víctimas a Victoria Bustamante Abasto y Y.A.L.M., de 19 y 15 años de edad, respectivamente, cometiéndose las siguientes irregularidades: i) Los funcionarios de la FELCC, no contaban con orden de allanamiento escrita y fundamentada, emitida por autoridad jurisdiccional competente, sino solamente con una autorización de ingreso a domicilio, que fue firmada por la administradora del local con posterioridad al ingreso de dichos funcionarios al inmueble donde funcionaba el lenocinio, bajo amenazas; ii) A tiempo de la realización del allanamiento, fueron objeto de maltrato por parte de funcionarios de la FELCC, situación que la Fiscal de Materia correcurrida no consideró; iii) Las actas de secuestro no se encuentran firmadas por la Fiscal de Materia; iv) Firmaron las declaraciones y actas bajo amenazas de los investigadores; y, v) El Fiscal de Distrito correcurrido, vulneró su derecho de petición al negarles la conversión de acción para ejercer sus derechos y no reconocer su calidad de víctimas, amparado en la excepción señalada por el art. 17 del CPP, con referencia el art. 26 inc. 1) del mismo cuerpo legal y porque las recurrentes no son denunciantes ni forman parte del proceso. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de garantías, corresponde dilucidar si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos a los derechos fundamentales de las recurrentes, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.