SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1815/2012

Respecto a los alcances de la acción de inconstitucionalidad concreta, hay que aclarar, que la Constitución Política del Estado abrogada, así como la Ley 1836 de 1 de abril de 1998, contemplaban un recurso similar al presente, cuyo nomen juris era el de recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, cuyo alcance, al igual que el presente puede ser citado a través de la SC 0051/2005 de 18 de agosto, que estableció que es: “…necesario precisar los alcances del control de constitucionalidad que ejerce a través de los recursos de inconstitucionalidad, por cualquiera de las dos vías reconocidas -directa o indirecta- (en la actualidad abstracta o concreta respectivamente). En ese orden, cabe señalar que el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control. De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas” (las negrillas son nuestras).