SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0390/2013

El debido proceso está instituido en el art. 115.II de la CPE, que determina: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. En la misma línea ilustró, la SC 0163/2011-R de 21 de febrero, indicando que el debido proceso: "…es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales” (las negrillas son nuestras).

Con relación a los elementos esenciales del debido proceso la SC 0531/2011-R de 25 de abril, señaló: “…los elementos que componen el debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; …derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (…); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de éste como medio para asegurar la realización del valor justicia…". Entendimientos jurisprudenciales que fueron reiterados en la SCP 0852/2012 de 20 de agosto.

De acuerdo a la jurisprudencia citada, el debido proceso se entiende como el conjunto de requisitos que deben observarse en las diferentes instancias judiciales, entre ellos el derecho a un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal, a una comunicación previa antes de la acusación, a la fundamentación de las resoluciones, a la defensa técnica y material, a la valoración legal y razonable de las pruebas, a no declarar contra sí mismo, a que se respete la garantía de presunción de inocencia, al principio de congruencia y motivación en lo referente a las decisiones desde la acusación hasta la condena, siendo innegable que esta garantía constitucional es aplicable en el presente caso.