SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0390/2013

El derecho a la defensa por mandato de la normativa suprema, se constituye en un derecho inviolable inherente a toda persona que intervenga en un proceso, sea éste judicial o administrativo, al respecto SCP 1063/2012 de 5 de septiembre, estableció lo siguiente:"En cuanto al derecho a la defensa considerado como un elemento esencial del debido proceso, la línea constitucional en la SC 1821/2010-R de 25 de octubre, mencionó que: "Configura un derecho fundamental, toda persona que intervenga en un proceso que defina sus derechos o intereses legítimos, tiene derecho a ser escuchada previamente a la emisión del fallo o determinación, los arts. 115. II y 119.II de la Ley Suprema garantizan su ejercicio y respeto por parte de los órganos de administración de justicia y de los entes administrativos cuyas determinaciones afecten derechos fundamentales y garantías constitucionales. De otra parte, el art. 1 del CPP establece que nadie será condenado a sanción alguna sin haber sido oído previamente, conforme determina la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes, criterio asumido por las SSCC 0183/2010-R de 24 de mayo y 0623/2010-R, puntualizando que es la: ´…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.

Es decir, que el derecho a la defensa se extienda: i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal, que actualmente se encuentra contemplado en el art. 119.II de la CPE".

Conforme la jurisprudencia establecida, resulta importante puntualizar que el derecho a la defensa es un elemento esencial del debido proceso garantizada por la Constitución, su ejercicio implica, ser escuchado en el proceso, presentar recurso y presentar las pruebas pertinentes; la enunciación de estos derechos no limita, más al contrario se amplía a fin de tener una defensa adecuada y garantizada en el marco de lo establecido por la Constitución Política del estado, los Tratados Internacionales y las leyes vigentes.