SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0398/2013
Fecha: 27-Mar-2013
demoró en resolverse alrededor de siete meses desde la fecha en que tuvo conocimiento de los actos ilegales denunciados en la presente acción
De donde resulta, que la tutela constitucional demandada por Erika Marisol Rojas de Hollweg, demoró en resolverse alrededor de siete meses desde la fecha en que tuvo conocimiento de los actos ilegales denunciados en la presente acción. Empero, cabe precisar, dos aspectos importantes: el primero; conforme al procedimiento constitucional, el Tribunal de garantías, tenía la obligación de tramitar la presente acción según los plazos establecidos en la norma adjetiva constitucional, no pudiendo exceder los mismos, sin correr el riesgo de desvirtuar la naturaleza jurídica de esta acción de defensa. Por cuanto, toda observación de forma y que sea subsanable tiene que realizarse antes de admitir la demanda y cumplirse en el plazo de cuarenta y ocho horas. Es decir, que el decreto de 18 de abril de 2012, debió no sólo requerir la documentación original que respalde el derecho de propiedad de la accionante sino también señale con precisión el domicilio del tercero interesado y cuya notificación realizarse inmediatamente a efectos de que cumpla con lo observado, debiendo constar dicha diligencia en el expediente y no como sucedió, dado que no se tiene certeza de cuándo se hubiere tomado conocimiento del referido decreto (las negrillas nos corresponde).
En el mismo orden, la omisión del Tribunal de garantías en advertir la ausencia de señalamiento de domicilio del tercero interesado generó que la audiencia de amparo constitucional se fije recién para el 27 de septiembre de 2012 -seis meses después-, suspendida por falta de notificación a Luis Ángel Gutiérrez Torrico; la segunda ocasión en que se suspendió el indicado acto, data de 2 de octubre de ese año. En ambos casos, el Tribunal de garantías, incurrió en demora injustificada en la inmediata resolución de la presente acción, considerando que dicho acto conforme establecía la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (arts. 61 y 62), no podía suspenderse bajo ninguna circunstancia. La inobservancia del procedimiento constitucional por parte del los miembros de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que fungió como Tribunal de garantías, provocó que la lesión a los derechos cuya tutela demandó Erika Marisol Rojas de Hollweg, se mantenga por alrededor de siete meses, desvirtuando de esta manera la verdadera naturaleza de la presente acción de restablecer de manera pronta y oportuna el derecho fundamental o garantía constitucional infringida.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- en el cual, no tuvo la oportunidad de defenderse, dado que no fue citada con ningún actuado.
- a)
- 1)
- i)
- DENEGÓ
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8. En informe policial de 16 de marzo de 2012, el asignado al caso, refiere que al constituirse en el lugar evidenció que, las púas de la parte de atrás del lote de terreno, se encontrarían cortadas, los candados de la reja del vecino también fueron violentadas, siendo el lugar por donde ingresaron
- II.9.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- Fragmento 19
- III.2. De la acción de amparo constitucional
- III.3. Excepciones al principio de subsidiariedad
- el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho”
- III.4. El debido proceso y su elemento defensa
- comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”
- III.5. La citación como requisito formal a efectos de evitar indefensión
- la sola falta de formalidad en una notificación no implica vulneración al citado derecho, sino que debe demostrarse que con ello se impidió que el interesado hubiera tomado conocimiento material del proceso en su contra, pues si la notificación aún defectuosa cumplió su objetivo no existe vulneración al derecho a la defensa…
- “En general, todo interdicto se funda en dos hechos que han de probarse (López-Moreno):en el de adquirir, el de no ser poseídos los bienes por un tercero y el de ser el demandante titular del dominio de ellos, por ser heredero del finado a quien pertenecieron en vida, o por otro título
- cuando quien la solicitare presente título auténtico de dominio sobre la cosa y ésta no se hallare en poder de un tercero con título de dueño o usufructuario. Quien así la poseyere no será privado de su derecho sin ser oído y vencido en proceso ordinario”;
- Si alguien se opusiere alegando posesión actual a título de dueño o usufructuario, se recibirá la causa a prueba con el plazo de ocho días, vencido el cual el juez pronunciará sentencia ministrando posesión a quien la hubiere solicitado o manteniendo en ella a quien justificare mejor derecho, y salvando los derechos del perdidoso para la vía ordinaria”
- III.7. El caso concreto
- III.7.1. Respecto de la actuación de la Jueza de Instrucción Mixta de Cotoca
- III.7.2. Respecto del funcionario policial codemandado
- III.7.3. Respecto de la actuación del Tribunal de garantías
- demoró en resolverse alrededor de siete meses desde la fecha en que tuvo conocimiento de los actos ilegales denunciados en la presente acción
- Debiendo en consecuencia, remitirse antecedentes al Consejo de la Magistratura a los efectos pertinentes por la dilación en la pronta resolución de la presente garantía jurisdiccional
- 2° CONCEDER