SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0735/2013-L

El accionante, señala que los Vocales de la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, así como el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, denegaron su solicitud de cesación de la detención preventiva, con el argumento de que la prueba aportada por Pablo Fabián Cossio Cortez, consistente en declaraciones de otros servidores del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, no eran suficientes como para desvirtuar la existencia del riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad; y que por dicha circunstancia, considera que vulneraron sus derechos a la libertad y a la defensa.

Al respecto, es pertinente señalar que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su uniforme jurisprudencia, manifestó que la potestad de valorar la prueba aportada en los procesos penales, es exclusiva de los jueces ordinarios en el marco legal aplicable, y no así de la jurisdicción constitucional; sin embargo, en determinados casos, esta última jurisdicción, podrá flexibilizar dicha regla, e ingresar a realizar dicha labor, siempre y cuando se presenten ciertos presupuestos, que fueron mencionados en la SCP 1095/2012 de 5 de septiembre: “Estableciendo que es atribución privativa del juez cautelar el control de investigación de la causa, la valoración de elementos de convicción (indicios) que puedan llevar a sostener que el imputado es posible autor o participe de hechos punibles, así como la valoración integral de la prueba sobre la existencia de elementos de convicción suficientes de los otros presupuestos que constituyen requisitos para la detención preventiva. En tal sentido, la justicia constitucional no podrá pronunciarse sobre cuestiones que son de competencia exclusiva de los jueces ordinarios, salvo que se hubiera omitido arbitrariamente e irrazonablemente fuera del marco legal aplicable, conforme lo estableció la propia jurisprudencia constitucional al señalar:  ‘…como toda regla existen excepciones en las que el Tribunal Constitucional puede ingresar a realizar una valoración probatoria, para lo que se han establecido sub reglas a ser tomadas en cuenta, a saber: cuando en dicha valoración: «a) Exista un apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad; ó b) La autoridad jurisdiccional o administrativa, incurra en una conducta omisiva, que se traduzca en dos aspectos concretos a saber: i) No recibir los medios probatorios ofrecidos, ii) No compulsar los medios probatorios producidos (…), el incumplimiento de los parámetros establecidos supra, generaría que el órgano contralor de constitucional adquiera una disfunción tal que lo convertiría en una instancia casacional, situación que no podría ser tolerada en un Estado Constitucional»’. En ese sentido la SCP 0165/2012 de 14 de mayo que a su vez menciona la SC 0871/2010-R de 10 de agosto”.

De acuerdo a lo precedentemente expresado, así como de la manifestado en la acción de libertad presentada, se evidencia que el accionante, no precisó de manera cabal, que las autoridades judiciales referidas, se apartaron flagrantemente de los principios de razonabilidad, proporcionalidad u objetividad; omitieron recibir los medios probatorios ofrecidos, o que no compulsaron los producidos; omisión que impide al Tribunal Constitucional Plurinacional, ingresar a analizar o verificar si los Vocales de la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, realizaron una adecuada valoración de la prueba presentada por el accionante (consistente en declaraciones de otros servidores de la Gobernación), dirigida a desvirtuar el riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad; por lo que corresponde denegar la tutela solicitada por este aspecto.