I.1. Los suscritos Magistrados, en observancia del art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), manifestamos nuestra disidencia con la DCP 0006/2015 de 14 de enero, por los siguientes fundamentos de orden constitucional

En este marco, se extractan los siguientes elementos de análisis: a) El uso de los términos de “Aprobar o rechazar”, se configuran en una intervención legislativa con obvios resultados vinculantes sobre acciones ejecutivas (firma de convenios interinstitucionales, creación y funcionamiento de servicios públicos o concesiones municipales), lo que en determinadas circunstancias puede ser constitucionalmente admisible, en razón a la importancia del objeto y alcances de cada convenio en concreto (como se dispuso para el caso del nivel central); caso contrario, podría implicar un exceso que vulneraría el principio de separación e independencia que debe primar entre los órganos del gobierno municipal [arts. 12.I y II de la CPE y 12.I de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” (LMAD)]; b) De la redacción del proyecto de disposición examinado, se interpreta que todos los tipos y clases de convenios referentes a obras (inversión en infraestructura), servicios públicos (sector de especial sensibilidad social) y explotaciones, estarían supeditados a la aprobación o rechazo por parte del Concejo Municipal, lo que resultaría desproporcional, considerando que existen instrumentos convencionales de carácter estrictamente operativo o de menor alcance y que, en tal razón, precisan de un trámite mucho más expedito; y, c) En lo referente específicamente a las convenios municipales de servicios públicos, es necesario tomar en cuenta lo establecido por el art. 20.II de la CPE, el cual dispone que: “…los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias”.

Al respecto, tanto los convenios como los contratos, no pueden ser aprobados en su totalidad por el Concejo Municipal; sobre este aspecto, la DCP 0001/2013 de 12 de marzo, indicó que: “Recurriendo a la analogía, de acuerdo al art. 158 de la CPE la Asamblea Legislativa Plurinacional, únicamente tiene entre sus atribuciones ‘Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmadas por el Órgano Ejecutivo’, delimitando así la aprobación de contratos específicamente a aquellos que tengan que ver con los recursos naturales y estratégicos, y no así de todo tipo de contratos firmados por el órgano ejecutivo del nivel central del Estado.

De la misma manera, la Carta Orgánica debería establecer una categoría específica de contratos los cuales deberían ser aprobados por el Concejo Municipal, por ejemplo aquellos que por su naturaleza y/o cuantía deban tener un tratamiento especial y de corresponsabilidad entre los órganos ejecutivo y deliberativo, pero de ninguna manera se deberá precisar la aprobación de todo tipo de contratos que vaya a firmar el órgano ejecutivo, menos aún si se trata de contratos que únicamente afectan al órgano ejecutivo, como contratos laborales para personal específico de dicho órgano, por ejemplo.

El Concejo Municipal podrá aprobar o rechazar contratos que sean de la incumbencia única y propia de ese órgano, o en su defecto aquellos contratos que comprometan inversiones plurianuales, o que por la naturaleza o cuantía deban requerir una aprobación del órgano deliberativo, como anteriormente se mencionó”.

La jurisprudencia citada, prevé que no todos los convenios y contratos ameritan intervención del legislativo municipal, indicando que: “…una ley municipal pueda establecer la categorización de los tipos de contratos y convenios que precisen de la aprobación del Concejo Municipal, y de aquellos que no” (DCP 0001/2013).