DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0193/2015

De lo expuesto precedentemente, no cabe duda de su constitucionalidad, por encontrar sustento con la parte dogmática de la Constitución Política del Estado cuyo art. 1 entre otras características establece que: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho (…) libre, independiente, soberano, y  democrático (…)”, y el art. 7 de la CPE establece que: “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce en forma directa y delegada. De ella emana, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”, y el art. 11.I que establece que Bolivia: “…. adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”, y específicamente su parágrafo II añade que: “La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley; 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa (…), 2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto conforme a ley (…)”, y 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (…); o lo que es lo mismo, la modificación constitucional no contraviene, sino al contrario, es acorde a los principios de soberanía y democracia que -entre otras- son la base fundamental del Estado; como también es afín al derecho político previsto por el art. 26.I de la CPE que señala que: “Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”.