SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0157/2015-S1

Conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.2, es obligación de los sujetos procesales establecer, en el primer actuado su domicilio procesal a efectos de que todas las incidencias del proceso le sean oportunamente comunicadas a efectos de que pueda ejercer su derecho a la defensa material y técnica.

En este sentido, cualquier cambio de domicilio procesal, debe ser comunicado tanto a la autoridad que conoce el proceso como también a la parte adversa, a efectos de que la sustanciación del caso, no se vea afectada posteriormente debido a posibles nulidades que degeneran en la dilación de la solución del conflicto.

Bajo este contexto, y revisados minuciosamente como han sido los documentos adjuntos a la demanda de acción de amparo constitucional, se evidencia que, a fs. 1, en la Resolución de imputación, se consigna como domicilio procesal el edificio Cristal, piso 8, oficina 802, señalándose como abogado de la querellante a Edgar Roque Cahuana, dirección donde se efectuó la notificación con el señalamiento de audiencia de apelación; y aunque según los argumentos de la accionante, este domicilio hubiera sido modificado así como el asesor jurídico, en obrados no consta memorial alguno que establezca nuevo domicilio o evidencie la existencia de pase profesional.

Entonces, se constata que, la falta de notificación en el nuevo domicilio procesal, se debe principalmente a que la accionante incumplió su deber de informar el cambio de domicilio procesal, acto que no puede ser atribuido a los demandados, por cuanto éstos, en estricto apego a las normas procesales descritas en los arts. 162 con relación al 102 del CPP, dispusieron la notificación de la accionante con el señalamiento de audiencia de apelación, de acuerdo a las formalidades de ley, habiéndose diligenciado el actuado, en el primer domicilio procesal indicado por la querellante.

En consecuencia, los argumentos de la accionante respecto a este extremo carecen de veracidad y son atribuibles únicamente a su descuido y negligencia, no constituyendo por tanto, acto vulneratorio de los derechos y garantías reclamados del debido proceso y a la tutela judicial efectiva; correspondiendo la denegatoria de la tutela solicitada.