SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0157/2015-S1

A decir de Binder: “El derecho a la defensa cumple dentro del Proceso Penal, un papel particular, por una parte actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás”; es decir, el debido proceso es una institución del derecho constitucional procesal que identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo proceso jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad de su resultado.

En este sentido, según Pablo Sánchez Velarde, el debido proceso se entiende como “…aquel que se realiza en observancia estricta de los principios y garantías constitucionales reflejadas en las previsiones normativas de la ley procesal: inicio del proceso, actos de investigación, actividad probatoria, las distintas diligencias judiciales, los mecanismos de impugnación, términos procésales”.

Ahora bien, conforme se ha establecido a través de la reiterada jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en derecho como garantía y a su vez, en principio procesal.

Dentro de esta triple dimensión, se aglomeran varios derechos que aún siendo independientes y autónomos, conforman el núcleo duro del debido proceso y se interrelacionan entre sí; entre estos derechos, sin duda alguna, se encuentran el derecho a un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a ser oído durante toda la actuación, a no declarar contra sí mismo, la garantía de presunción de inocencia, los derechos a la comunicación previa de la acusación, a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, al ejercicio de defensa material y técnica y a la contradicción, a solicitar, aportar y controvertir pruebas, a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, el principio del non bis in ídem, el derecho a la valoración razonable de la prueba y a la motivación y congruencia de las decisiones, libertades constitucionales éstas, que no se constituyen en un parámetro limitativo del campo de protección que abarca el debido proceso, sino que permiten establecer el contenido expansivo de aquellos otros derechos que en el tiempo y de acuerdo a las nuevas necesidades de la sociedad cambiante, puedan desprenderse de ellos.