Los suscritos Magistrados, en observancia del art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), manifiestan su disidencia respecto a la DCP 0141/2015 de 21 de julio, por los fundamentos de orden constitucional que se desarrollan mediante el pres

iii) El ámbito facultativo. Este ámbito recae en los órganos ejecutivos y legislativos de los niveles de gobierno. De acuerdo con la Constitución, son cinco facultades mediante las cuales ejercerán sus atribuciones: facultad legislativa, reglamentaria, ejecutiva, deliberativa y fiscalizadora. Las facultades deliberartiva, fiscalizadora y legislativa son de titularidad de los órganos deliberativos. En tanto, que las otras dos facultades: reglamentaria y ejecutiva, son de titularidad de los órganos ejecutivos”.

De acuerdo al entendimiento jurisprudencial precedentemente referido, se tiene que el ejercicio competencial se encuentra relacionada con el ámbito facultativo que deberá ejercerse de acuerdo a las competencias asignadas a la ETA, en cuya razón no se advierte incompatibilidad cuando el estatuyente refiere en el precepto analizado que el órgano ejecutivo, en base a sus competencias, tiene facultad ejecutiva; afirmación que no expresa de donde deviene el ejercicio facultativo, sino que establece el marco en el cual se desarrolla el mismo, es decir en base de las competencias asignadas a la ETA. Por otra parte, el estatuyente refiere que el ejercicio de la facultad ejecutiva se sujetará a planes municipales, enunciado que tampoco reviste de incompatibilidad toda vez que las acciones que desarrolle el gobierno autónomo municipal no son discrecionales, sino que operan de acuerdo a planes establecidos que deben ser cumplidos por la administración estatal de acuerdo a lo proyectado en un plan de gobierno, en cuyo entender tampoco se advierte incompatibilidad sobre el enunciado analizado.