SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0293/2017-S3

             iv)     Certificación que acredite que el terreno que alega ser de propiedad de Gabriel David Décima “Savero” en representación de Godlive Lilia Manrique Catalano de la Décima, se encuentra registrado en el sistema de empadronamiento del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, así también su Código Catastral.

Solicitud que conforme se evidencia de los antecedentes adjuntos a la presente acción tutelar, no fue respondida por las autoridades demandadas, cuando conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, toda autoridad sea judicial o administrativa ante quien se realice una petición dentro de cualquier trámite o proceso, está obligada a responderla ya sea de forma positiva o negativa en el menor tiempo y de forma clara, lo contrario significa vulneración al derecho de petición, el mismo que se encuentra protegido por el art. 24 de la CPE.

En ese entendido, siendo que esta jurisdicción no evidencia que las solicitudes realizadas por las hoy accionantes expuestas en este punto hubiesen sido respondidas, y para el caso de ocurrir ello, no se tiene constancia alguna de que las mismas fueron puestas a conocimiento de los peticionantes, permitiendo que desde la última solicitud (23 de noviembre de 2016), hasta la interposición de la acción de amparo constitucional -30 de enero de 2017- hayan transcurrido más de dos meses, tiempo que resulta abundante para emitir una respuesta ya sea de forma negativa o positiva y ponerla a conocimiento de los solicitantes; por consiguiente, al no existir una respuesta escrita y formal por parte de la referida autoridad demandada, menos que la misma fuese puesta a conocimiento de las hoy accionantes, esta jurisdicción advierte que se lesionó el derecho de petición que asiste a las mismas, dando así lugar a la concesión de la tutela demandada conforme a lo solicitado en este punto, con la aclaración de que la respuesta a emitirse no implica necesariamente que vaya a ser en sentido favorable; empero, si existe la obligación de pronunciarse respecto a la solicitud de extender las certificaciones solicitadas, en uno u otro sentido y con la necesaria explicación y fundamentación.