DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0076/2017

I.       El Gobierno Indígena Autónomo garantiza la aplicación del Currículo Regionalizado en el marco del derecho Histórico de las Naciones y Pueblos Indígenas, a implementar contenidos, pedagogía y evaluación propios del contexto territorial, derecho refrendado en la Constitución Política del Estado y normas sectoriales vigentes.

I.       El Gobierno Indígena Autónomo garantiza la aplicación del Currículo Regionalizado en el marco del derecho Histórico de las Naciones y Pueblos Indígenas, a implementar contenidos, pedagogía y evaluación propios del contexto territorial, derecho refrendado en la Constitución Política del Estado y normas sectoriales vigentes.

Es preciso señalar que la CPE en su art. 77 referido a la educación señala: “I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación”. Por su parte, el art. 299.II.2 de la Norma Suprema señala que son competencias concurrentes entre el nivel central del Estado y las ETA: “2. Gestión del sistema de salud y educación”.

La ley Marco de Autonomías y Descentralización, con respecto a la educación señala en su art. 84: “I. La distribución de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas en materia de educación deberá ser regulada por una ley especial, al constituirse la educación en la función suprema y primera responsabilidad del Estado, siendo ésta unitaria, pública y universal, por lo tanto tiene la obligación de garantizarla y establecer las políticas. La gestión del Sistema de Educación es concurrente con las entidades territoriales autónomas de acuerdo al Numeral 2 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado. II. La ley especial en materia de educación regulará el desarrollo curricular descolonizador tomando en cuenta las características espirituales, territoriales, lingüísticas, culturales, sociales, económicas y políticas en cada entidad territorial autónoma (…)”.

Finalmente, la Ley de la Educación “Avelino Siñani –Elizardo Perez-”, que es la ley especial establecida para desarrollar el derecho a la educación, señala en su art. 80: “(Nivel Autonómico). En el marco de las competencias concurrentes establecidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional y, disposiciones legales, las entidades territoriales autónomas tendrán las siguientes atribuciones referidas a la gestión educativa: (...) 3. Autonomías Indígena Originaria Campesinas. Sus competencias son: a) Formular, aprobar y ejecutar planes de educación a partir de políticas y estrategias plurinacionales para el ámbito de su jurisdicción territorial autonómicas en el marco del currículo regionalizado. b) Organizar y apoyar la gestión participativa de los pueblos indígena originario campesinos en el marco de la Educación Inicial en Familia Comunitaria, Primaria Vocacional y Secundaria Productiva. c) Realizar el seguimiento a la adecuada implementación de los planes y programas curriculares diversificados en el marco del currículo regionalizado y de sus competencias en el ámbito de su jurisdicción. d) Dotar de infraestructura educativa necesaria, responsabilizarse de su mantenimiento y proveer los servicios básicos, mobiliario, equipamiento, bibliotecas e insumos necesarios para su funcionamiento. e) Garantizar recursos económicos para la atención de alimentación complementaria y en los casos justificados del transporte escolar. f)          Apoyar con recursos necesarios para el funcionamiento de la estructura de participación y control social en educación. g) Promover la ejecución de formación continua para la comunidad educativa”.

Sobre la currícula regionalizada en sí, los arts. 69 y 70 de la referida ley, señalan: “Artículo 69. (Organización curricular). (…) 3. Es responsabilidad del Ministerio de Educación diseñar, aprobar e implementar el currículo base con participación de los actores educativos, así como apoyar la formulación y aprobación de los currículos regionalizados, en coordinación con las naciones y pueblos indígena originario campesinos, preservando su armonía y complementariedad con el currículo base plurinacional. (…) 5.       Las modalidades de atención en los procesos educativos de los subsistemas y niveles, serán definidos por el currículo base y los currículos regionalizados, de acuerdo a las particularidades educativas, lingüísticas y culturales. Art. 70. (Currículo Regionalizado). I. El currículo regionalizado se refiere al conjunto organizado de planes y programas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación en un determinado subsistema y nivel educativo, que expresa la particularidad y complementariedad en armonía con el currículo base del Sistema Educativo Plurinacional, considerando fundamentalmente las características del contexto sociocultural y lingüístico que hacen a su identidad.

II. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos desarrollan procesos educativos productivos comunitarios, acorde a sus vocaciones productivas del contexto territorial. III. La gestión del currículo regionalizado es una competencia concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas”.

De la normativa transcrita líneas arriba, tenemos que las AIOC no tienen competencia para implementar, diseñar currícula educativa o contratar personal docente, siendo estas competencias que atingen a otros niveles del Estado, debiendo en el mejor de los casos la ETA indígena originario campesina, subsumirse a lo estipulado por la ley Avelino Siñani sobre el tema en los arts. 69, 70 y 80.3.a) y c), referido a realizar el seguimiento a la adecuada implementación de los planes y programas curriculares diversificados en el marco del currículo regionalizado y de sus competencias en el ámbito de su jurisdicción.