AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2019-O

1)  En el Auto impugnado existe una insuficiente fundamentación probatoria y fáctica principalmente con relación al coprocesado Agustín Daza Limachi, en razón a que en audiencia de consideración y resolución de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, el Ministerio Público adujo que a tiempo de responder a la demanda civil de nulidad de contrato y oponer excepciones, seguida por Basilia y Julia Daza Contreras, utilizó el documento público objeto del proceso penal, el “10” de octubre de 2013, que se acredita con la copia de la sentencia, aspecto sobre el cual el Juez a quo guardó silencio y solo resolvió dicha cuestión sobre la base de los antecedentes y fundamentos que demuestran que los otros coprocesados hubieran fraguado y utilizado el documento tachado de falso en los años 2005 y 2007 sin tomar en cuenta la utilización efectuada por Agustín Daza Limachi en la fecha ya señalada líneas arriba;

1) El juez o tribunal de garantías que conoció la acción de defensa, es la autoridad judicial competente para conocer y resolver la queja por incumplimiento total o parcial, sobrecumplimiento, cumplimiento diferente o distorsionado o tardío. Una vez conocida esta queja en la ejecución de sentencias constitucionales emanadas de acciones tutelares, con la finalidad de asegurar un debido proceso, en el plazo de veinte cuatro horas (24 horas) desde el conocimiento de la queja, solicitará informe y demás medidas o documentación pertinente a la autoridad o particular obligado a cumplir una decisión emergente de la sentencia constitucional plurinacional, quien deberá remitir lo solicitado ante el juez o tribunal de garantías, en un plazo no mayor a tres días (3 días), para que en primera instancia, el juez o tribunal de garantías, establezca el incumplimiento total o parcial, sobrecumplimiento, cumplimiento diferente o distorsionado o tardío.