SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0271/2019-S2

La Constitución Política del Estado, establece en su art. 51, el derecho de las trabajadoras y los trabajadores a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley; además garantizando la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de los trabajadores y las trabajadoras; postulado que encuentra su finalidad en la protección de los intereses de los sindicalizados ante el empleador buscando siempre promover la mejora de las condiciones laborales. Bajo tal razonamiento, se evidencia la necesidad de garantizar que las asociaciones sindicales cumplan con sus objetivos; y, así se tiene que el ordenamiento jurídico ha previsto mecanismos para su protección, dentro de los cuales se encuentra el fuero que cobija a las y los directivos y representantes de las organizaciones sindicales, dotándoles de una inmunidad o ventaja legal frente a otros, sean trabajadores o empleadores.

En el constitucionalismo boliviano, hasta la Constitución de 1947, todos los trabajadores que formaban parte de un sindicato, tenían fuero sindical; empero, ésta previsión fue modificada en el texto constitucional de 1961, estableciendo que dicho fuero sindical recae solamente sobre los dirigentes de la organización sindical, condición que se mantiene en el texto actual.

En tal contexto, el art. 51.VI de la CPE, instituye que: “Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad…”.

Para Ciro Félix Trigo, el fuero sindical, es una: “…garantía acordada a los dirigentes sindicales se basa en el derecho de la libre asociación consagrado por la Constitución, cuyo ejercicio debe precautelarse asegurando a los líderes gremiales su estabilidad. La mente del fuero sindical y su real finalidad radica en permitir la libertad de acción de los dirigentes sindicales, llamados a velar por los intereses de las colectividades que representan, evitando las coacciones o privación indebida de su libertad por las autoridades o las represalias que pudieran ejecutar en su contra los empleadores, a raíz del despliegue de actividades estrictamente sindicales”[10].