SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0327/2019-S1

Conforme a la minuta de transferencia del inmueble agrícola de 7 de junio de 2010, debidamente reconocida ante Notaria de Fe Pública 49, se puede evidenciar que adquirieron un predio agrícola con una superficie de 7 729,80 m², ubicado en la zona de Apote Chico, sección El Paso, sector Águila Rancho de sus anteriores propietarios Jorge Osvaldo Richter Canedo y María Elena Patricia Ríos de Richter; propiedad que sometieron a proceso de saneamiento interno en la Comunidad Águila Rancho; por lo que, cuenta con Resolución Suprema de Saneamiento 19864 de 27 de octubre de 2016, rectificada mediante Resolución Suprema (RS) 23590 de 10 de mayo de 2018, parcela que fue signada con el número 138 y que se encuentra en proceso de registro del Título Ejecutorial PPDNAL 857196 del expediente I-36869; propiedad en la cual desarrollaron sus actividades agrícolas y viven junto a sus dos hijos.

Señala que después de años de saneamiento de su propiedad, el 30 de octubre de 2018, Miguel Grover Valdivia Vallejos, dirigente de su comunidad -ahora codemandado- junto a Henrry Prado, miembro de la directiva, ordenaron a Gonzalo Foronda -hoy codemandado- proceda a echar escombros y así tapar el único ingreso a su propiedad; asimismo, procedió a colocar raíces de eucaliptos de gran tamaño en toda la plataforma de acceso a su vivienda y propiedad; acciones con las cuales lo único que pretenden es despojarlos de su propiedad y vivienda; dichas acciones fueron dadas a conocer a los funcionarios públicos del GAM de Quillacollo del departamento de Cochabamba a través de la Sub Alcaldía de El Paso de la referida entidad edil; sin embargo, no merecieron respuesta alguna menos la restitución del único acceso a su vivienda.

Indican que el problema comenzó el 2015, cuando quisieron empedrar la vía de ingreso adyacente a su propiedad en una plataforma de ocho metros lineales; empero, grande fue su sorpresa cuando dicho proyecto estaba asentado en casi un 30 % dentro de los límites de su propiedad afectándoles en más de 500 m², ante lo cual acudieron a las oficinas de la Sub Alcaldía de El Paso del GAM de Quillacollo del departamento de Cochabamba a fin de dar a conocer lo “confiscatorio” de la ejecución del proceso de empedrado, instancia en la que se trató de mediar dicho conflicto y que se identifique con precisión los mojones emergentes del saneamiento de tierras; por lo que, se dispuso se realice el levantamiento topográfico que dio como resultado que los mojones mostrados por sus personas eran los correctos y establecidos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); sin embargo, y como el resultado no les convenía desconocieron su derecho propietario y los resultados del INRA.

Refieren que el 27 de octubre de 2018, en una reunión ordinaria de la Comunidad Águila Rancho, establecieron bloquear el ingreso a su propiedad luego de ir al INRA, reunidos en dicha entidad se estableció que la dirigencia solicite mediante escrito el replanteo; siendo que de acuerdo a los datos en gabinete los mojones no se habían movido; sin embargo, los dirigentes establecieron que no harían caso a los resultados; en consecuencia, el 30 de igual mes y año, a horas “8:47” junto a Gonzalo Foronda procedieron a cerrar las vías de acceso a su propiedad descargando con su volqueta material agregado. Luego apareció Miguel Grover Valdivia Vallejos, quien dio la instrucción al pre-nombrado para que continúe con los trabajos de cierre de vía aun en la presencia del Sub Alcalde de El Paso quien indicó que: “…la Alcaldía no tiene competencia para este tipo de hechos’, haciendo que el señor Gonzalo Foronda, ahora con una retroexcavadora, proceda a llevar raíces de eucalipto para que se cierre definitivamente la vía de acceso a nuestra propiedad y vivienda” (sic).  

Asimismo, manifiestan que reclamado lo antes mencionado a la Asesora de la Sub Alcaldía esta indicó que se consigan un abogado, desde la referida fecha vienen peregrinando en dicha institución, la Policía Regional de El Paso y el INRA Cochabamba; empero, ninguna autoridad hizo nada para evitar la lesión de sus derechos; por lo cual, junto a sus hijos permanecen fuera de su hogar erogando gastos innecesarios para tener un lugar donde vivir, ya que no pueden acceder a su vivienda.